Corte de apelaciones le permite a Trump tomar el mando de soldados de la Guardia Nacional de Oregon

PORTLAND, Oregon, EE.UU. (AP) — Una corte de apelaciones suspendió el lunes un fallo de un tribunal inferior que le impedía al presidente Donald Trump tomar el mando de 200 soldados de la Guardia Nacional de Oregon. Sin embargo, el mandatario todavía tuvo la prohibición de desplegar esos efectivos, al menos por ahora.

La jueza federal de distrito Karin Immergut emitió dos órdenes de restricción temporales este mes: una que le prohibió a Trump convocar a los soldados para enviarlos a Portland, y otra que le prohibió enviar a cualquier miembro de la Guardia Nacional a Oregon, después de que el presidente intentara evadir la primera orden desplegando efectivos de California en su lugar.

El Departamento de Justicia apeló la primera orden, y en una decisión por 2 votos a favor y 1 en contra el lunes, un panel del Tribunal Federal de Apelaciones del 9º Circuito se puso del lado del gobierno. La mayoría indicó que era probable que el presidente tuviese éxito en su alegato de que tenía la autoridad para federalizar a esos soldados con base en una resolución de que no podía hacer cumplir las leyes sin ellos.

Sin embargo, la segunda orden de Immergut sigue en vigor, por lo que no se pueden desplegar soldados por el momento.

El gobierno dijo que el razonamiento jurídico que sustenta ambas órdenes de restricción temporales es el mismo, por lo que poco después del fallo del lunes le pidió a Immergut que eliminara inmediatamente su segunda orden, lo que le permitiría a Trump desplegar militares en Portland. El Departamento de Justicia argumentó que no les corresponde a los tribunales cuestionar la determinación del presidente sobre cuándo desplegar efectivos.

"El fallo del Noveno Circuito que suspende la primera orden de restricción temporal es un cambio significativo en la ley que claramente justifica la disolución de la segunda orden de restricción temporal de este tribunal", escribieron los abogados del gobierno.

El fiscal general de Oregon, Dan Rayfield —de filiación demócrata—, indicó que le pediría a un panel de apelaciones más amplio que reconsidere la decisión. "El fallo de hoy, si se permite que se mantenga, daría al presidente el poder unilateral de poner soldados de Oregon en nuestras calles sin prácticamente tener que proporcionar ninguna justificación", denunció Rayfield. "Nos encontramos en una ruta peligrosa en Estados Unidos".

El Departamento de Justicia no respondió de momento a un correo electrónico solicitándole sus comentarios.

Los empeños de Trump para desplegar soldados de la Guardia Nacional en ciudades gobernadas por demócratas se han visto obstaculizados por impugnaciones jurídicas. Un juez en California dictaminó que el despliegue por parte del mandatario de miles de efectivos de la Guardia Nacional en Los Ángeles violó la Ley Posse Comitatus, una añeja ley que en general prohíbe el uso de las fuerzas armadas para labores policiales, y el gobierno le pidió el viernes a la Corte Suprema federal que permitiera el despliegue de soldados de la Guardia Nacional en el área de Chicago.

Desde junio han estado ocurriendo protestas nocturnas —en su mayoría pequeñas y limitadas a una sola manzana— frente al edificio del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas en Portland. En ocasiones han aparecido multitudes más grandes, incluidos contramanifestantes y personas que transmiten en vivo, y agentes federales han utilizado gas lacrimógeno para dispersar a los inconformes.

El gobierno dijo que los soldados son necesarios para proteger propiedades federales de las acciones de los manifestantes, y que tener que enviar agentes adicionales del Departamento de Seguridad Nacional para ayudar a proteger la propiedad impedía que realizaran redadas migratorias en otros lugares.

Immergut rechazó previamente los argumentos del gobierno, diciendo que las declaraciones del presidente acerca de que Portland está devastada por la guerra están "simplemente desvinculadas de los hechos". Pero la mayoría de los integrantes del tribunal de apelaciones —Ryan Nelson y Bridget Bade, ambos designados por Trump— señalaron que la decisión del presidente merecía más deferencia.

Bade escribió que los hechos parecían apoyar la decisión de Trump "incluso si el presidente podría exagerar la magnitud del problema en redes sociales". La jueza Susan Graber, designada por el expresidente Bill Clinton, disintió. Instó a sus colegas en el Noveno Circuito a "anular la orden de la mayoría antes de que pueda ocurrir el despliegue ilegal de soldados bajo pretextos falsos".

"En las dos semanas previas a la publicación en redes sociales del presidente el 27 de septiembre, no había habido ni un solo incidente de manifestantes que interrumpieran la aplicación de las leyes", escribió Graber. "Es difícil entender cómo una pequeña protesta que no causa interrupciones podría posiblemente respaldar el criterio de que el presidente no puede implementar las leyes".

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