La Justicia investiga un casamiento no autorizado en Quebrada de las Conchas

Buenos Aires, 27 de marzo (NA) – La Justicia de Salta ha iniciado una investigación relacionada con un casamiento que se llevó a cabo en la Quebrada de las Conchas, un evento que carecía de la autorización necesaria del Ministerio de Producción y Minería provincial. Se sospecha que se presentó un documento falso para justificar la realización de la ceremonia.

La Fiscal Penal de Cafayate, Sandra Rojas, ha tomado la delantera en esta investigación ante la posibilidad de que se haya cometido un delito en relación con el permiso que se utilizó para realizar el evento en un área que está bajo protección ambiental. La autenticidad de dicho permiso está siendo cuestionada.

Adicionalmente, la Unidad Fiscal Contravencional ha emitido directrices sobre la realización de eventos en áreas protegidas, enfatizando que se requiere la autorización administrativa correspondiente conforme a la normativa vigente.

En el marco de esta pesquisa, se busca determinar las responsabilidades legales que podrían surgir tanto en el ámbito penal como contravencional, con el objetivo de resguardar el orden público y proteger el medio ambiente.

La denuncia se originó tras la difusión en redes sociales de imágenes de la boda celebrada en la Quebrada de las Conchas, ubicada sobre la Ruta Nacional 68. Tras esta observación, se llevaron a cabo las actuaciones administrativas pertinentes y se presentó la denuncia ante las autoridades competentes.

El municipio ha declarado que en esa área, salvo que exista una autorización, no se permite la realización de eventos. Argumentan que el uso de luces y sonidos fuertes en la zona de La Punilla afecta negativamente el comportamiento de la fauna autóctona, además de que la afluencia de personas y la construcción de infraestructura podría acelerar la erosión de las formaciones rocosas que caracterizan el paisaje.

Las actividades en áreas naturales protegidas están reguladas por la Ley Nº7.070 de Protección del Medio Ambiente y la Ley Nº7.107 del Sistema Provincial de Áreas Protegidas. Estas normativas exigen que cualquier intervención en tales áreas cumpla con una evaluación de impacto ambiental previa, acompañada de la documentación técnica necesaria y verificación de las condiciones del sitio.

Temas