Imputaron a una mujer por someter a servidumbre a la cuidadora de su madre

La Unidad Fiscal Rosario formalizó una investigación por un grave caso de trata de personas con fines de servidumbre que habría perdurado más de dos décadas en un domicilio del barrio Martin. La imputada es una mujer residente en Los Ángeles, identificada como E.S.S., acusada de explotar a la cuidadora de su madre, una víctima que fue captada en Corrientes cuando tenía 14 años y trasladada a Rosario en 2003 bajo la promesa de acceder a una vida mejor. Según el Ministerio Público Fiscal (MPF), esa promesa nunca se cumplió y la adolescente quedó sometida a tareas domésticas sin recibir remuneración ni acceso a educación.

La causa fue impulsada por la fiscal Adriana Saccone junto a las coadyuvantes María Virginia Sosa y Soledad García, en una audiencia realizada ante el juez de Garantías Román Lanzón. La imputada participó por videoconferencia desde Estados Unidos, mientras que la víctima estuvo representada por defensoras oficiales y un equipo interdisciplinario de acompañamiento. Las fiscales sostienen que la explotación se extendió durante 22 años y se mantuvo hasta el pasado 2 de octubre, cuando un allanamiento de la Policía Federal permitió cesar la situación.

De acuerdo con la acusación, E.S.S. habría continuado y reforzado el esquema de servidumbre desde 2022, cuando su madre —también investigada— comenzó a tener problemas de salud. Para controlar a la víctima desde Estados Unidos, la mujer instaló 16 cámaras de seguridad en la vivienda y le entregó un teléfono celular para impartir órdenes. Durante más de dos décadas, la víctima trabajó jornadas completas sin descanso, sin salario, sin aportes previsionales, sin acceso a salud y sin posibilidad de tener vida social fuera de la casa.

La investigación reunió testimonios de vecinos, informes de organismos oficiales, peritajes y la declaración de la víctima en Cámara Gesell. Los datos aportados por ARCA y ANSES señalan que la mujer nunca recibió remuneración formal, no tuvo actividad registrada ni cuentas bancarias. Para las fiscales, la evidencia es “vasta” y confirma la existencia de una relación servil sostenida durante años, contraria a los derechos laborales y humanos reconocidos internacionalmente.

Tras analizar el caso, el juez Lanzón rechazó el pedido de sobreseimiento presentado por la defensa y dio por formalizada la investigación. Si bien el MPF había solicitado la detención y posterior extradición de la imputada, el magistrado dispuso en su lugar medidas cautelares no privativas de la libertad por el plazo de un año. Entre ellas, fijación de domicilio, firma mensual en el consulado argentino más cercano, promesa de no obstaculizar la causa y prohibición absoluta de contacto con la víctima o su entorno.

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