Imputado por asociación ilícita con nexo en la barra de Rosario Central

En una audiencia imputativa realizada el viernes 20 de marzo de 2026 en Rosario, la Justicia provincial imputó a un hombre identificado como A.M. por los delitos de asociación ilícita agravada —por la participación de menores de edad— y extorsión en calidad de coautor. El juez de primera instancia Fernando Sosa dispuso su prisión preventiva efectiva por el plazo de ley.

Según expuso el fiscal Hueso, el acusado integraría una organización criminal liderada por Matías G., que operaba en distintos barrios de la ciudad con el objetivo de controlar territorios para la venta de drogas al menudeo y la administración de las ganancias obtenidas. La estructura incluía organizadores y miembros con roles definidos, y se valía de recursos humanos y materiales para sostener su actividad ilícita.

De acuerdo a la investigación, la asociación ilícita habría comenzado a consolidarse en abril de 2020, iniciando un proceso de expansión territorial que incluyó disputas violentas en zonas como 7 de Septiembre, Stella Maris, La Bombacha y Emaús. En otros sectores, el grupo habría establecido alianzas con referentes barriales para afianzar su presencia.

Entre las prácticas atribuidas a la organización se encuentran ataques contra personas, extorsiones para forzar el abandono de viviendas utilizadas luego como puntos de venta de estupefacientes, circulación de armas de fuego y utilización de menores o personas en situación de vulnerabilidad para la comisión de delitos.

La causa también menciona un presunto intento de incidir en la conducción de la barra brava del club Rosario Central. En ese marco, el grupo habría buscado desplazar del liderazgo a Andrés Bracamonte entre agosto de 2024 y enero de 2025.

En cuanto al rol específico de A.M., la acusación sostiene que mantenía vínculos con otros integrantes de la organización y participaba en hechos violentos, además de intervenir en tareas de almacenamiento y custodia de armas, municiones y drogas.

Por su parte, la fiscal Juliana Gonzalez le atribuyó su participación en un hecho de extorsión ocurrido en 2025. Según detalló, la víctima fue obligada a guardar armas y estupefacientes en su domicilio ubicado en la zona de Pedro Lino Funes al 3000. Días después, integrantes del grupo exigieron la entrega de un bolso con armamento —que incluía pistolas y una ametralladora— y, mediante amenazas, forzaron a la familia a abandonar la vivienda, que habría quedado bajo control de la organización. Posteriormente, continuaron las intimidaciones a través de mensajes de WhatsApp.

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