Elevan a juicio la supuesta boda ilegal de Potrero de Garay
La fiscalía de Alta Gracia dispuso la medida en la causa por la denuncia ante el presunto casamiento de Guillermo Penna, hermano del modelo Leandro Penna, en plena pandemia.
23/08/2021 | 16:31Redacción Cadena 3
FOTO: La supuesta boda ilegal generó un cruce entre el intendente y la familia.
La Fiscalía de Instrucción de 1º Turno de Alta Gracia, a cargo de Diego Fernández, dispuso la elevación a juicio de la causa en la que se acusa al matrimonio compuesto por el empresario Guillermo Penna -hermano del modelo Leandro Penna- y Victoria Belén Movalli, por la supuesta realización de un casamiento en Potrero de Garay cuando las restricciones por la pandemia de coronavirus lo impedían.
La acusación es por comisión del delito de violación a las medidas sanitarias (art. 205 del CP).
La investigación se abrió de oficio en abril de este año con motivo de las actuaciones iniciadas por inspectores de la Comuna de Potrero de Garay, quienes labraron actas de infracción informando que los ahora acusados "estaban desarrollando el festejo de su boda con la asistencia de una gran cantidad de invitados", a pesar de haber sido notificados el día previo, de que las reuniones sociales estaban suspendidas, conforme lo ordenado por Decreto nacional 235/21 y Decreto Provincial 281/21.
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Desde el Ministerio Público Fiscal indicaron que en el devenir de la investigación se receptaron diversos testimonios y se incorporó demás evidencia que permitió "establecer la efectiva realización del evento con la presencia de un número significativo de asistentes", algunas de cuyas fotografías y videos se compartieron en redes sociales.
El escándalo tuvo lugar en abril, cuando el intendente de Potrero de Garay, Gerardo Martínez, señaló que Penna había organizado una fiesta con "al menos 150 personas, entre ellas personalidades políticas".
Sin embargo, Leandro Penna salió a desmentir sus dichos, alegando que en la fiesta no había más de 30 personas.
Desde la fiscalía, en su momento confirmaron que los informes de la Policía indican que había unas 35 personas.
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"En el desarrollo de la investigación, se determinó que los imputados pusieron en riesgo la salud pública actuando negligentemente al organizar un evento que convocara gran cantidad de personas, siendo que era de público y notorio conocimiento la gravedad de la situación sanitaria, por lo que, con su conducta crearon un riesgo no permitido en el contexto de la pandemia", describieron desde el MPF.
Además, aseguraron que durante el desarrollo del festejo "no observaron las normas de cuidado". "Con ello crearon un resigno no permitido, el que se concretó en el peligro de propagación del virus covid-19; y aunque no se hubiera producido el resultado, desplegaron su accionar conociendo concretamente esa posibilidad, con total y absoluto desprecio por el eventual resultado", cerraron.
