Descontrol en las cárceles federales y violencia en Rosario: 18 casos clave
Son los que sustentan el pedido de indagatoria a María Laura Garrigós, la interventora del Servicio Penitenciario Federal en el gobierno de Alberto Fernández. La defensora Bruera recusó a fiscales.
01/09/2025 | 09:49Redacción Cadena 3 Rosario
Un dictamen de los fiscales federales de Rosario, de la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR) y de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) dejó al desnudo un entramado que, entre 2020 y 2023, permitió que las principales bandas criminales de Rosario y otras provincias continuaran manejando sus negocios y ordenando ataques violentos desde las cárceles federales.
El documento, al que accedió Cadena 3, sustenta el pedido de indagatoria a la exinterventora del Servicio Penitenciario Federal (SPF), María Laura Garrigós, y a otros altos mandos por el presunto incumplimiento de deberes de funcionario público. Según los fiscales, no solo no se controló el ingreso de teléfonos a pabellones de “alto perfil”, sino que tampoco se ejecutó la instalación de inhibidores de señal que exige la ley desde 2017.
Los fiscales enumeraron 18 episodios que revelan el patrón:
Ariel “Guille” Cantero (Los Monos): desde Marcos Paz coordinó extorsiones, balaceras y tráfico de drogas; fue descubierto con un celular oculto en un televisor.
Esteban Alvarado: desde Ezeiza dirigió un intento de fuga en helicóptero y operaciones de contrabando.
Julio Rodríguez Granthon: comandó la logística narco desde Ezeiza y Marcos Paz, y hasta ordenó intimidaciones a personal penitenciario.
Alan Funes: desde Ezeiza organizó atentados a tiros en Rosario y manejó el negocio narco de su banda.
René Ungaro: ordenó el ataque al Distrito Sur y el homicidio de Claudia Del Debbio desde Ezeiza.
Facundo “Macaco” Muñoz: desde Ezeiza controlaba el tráfico de drogas y armas en Rosario.
Mauricio Laferrara: logró fugarse de un penal porteño gracias a comunicaciones desde un celular.
Pablo Nicolás Camino: impartía órdenes de violencia y negocios ilícitos desde Marcos Paz y luego desde Rawson.
Cristian David Ayala: junto a Los Monos, comandó extorsiones y balaceras desde prisión.
René Guzmán: lideró desde Ezeiza una organización transnacional de narcotráfico.
Néstor Rojas (PCF): operaba el “Primer Comando de Frontera” desde el penal federal.
Mauro “Pollo” Vinardi: articulaba negocios narco y violencia territorial desde Marcos Paz.
Damián “Toro” Escobar: como parte de Los Monos, organizaba delitos graves desde su celda.
Mario Segovia (“Rey de la efedrina”): siguió dirigiendo operaciones de drogas y armas desde Ezeiza.
Balaceras y atentados múltiples: en Rosario, varios ataques a comercios y domicilios fueron ordenados por internos federales, como parte de disputas territoriales.
Homicidio de Lorenzo “Jimi” Altamirano: ordenado desde Marcos Paz en febrero de 2023.
Ataques a funcionarios judiciales y municipales: como el atentado al Centro Municipal de Distrito Sur, con mensajes dirigidos a Los Monos.
Extorsiones masivas: bandas desde prisión exigían pagos a comerciantes y vecinos bajo amenazas armadas.
La violencia en Rosario, conectada
El dictamen subraya que la violencia letal que atravesó Rosario en los últimos años tuvo su raíz en este “descontrol estructural”. “Mientras se multiplicaban las balaceras, extorsiones y homicidios, los líderes narco estaban tras las rejas, pero con teléfonos en la mano”, resumió un investigador judicial.
Fallas estructurales y omisiones
El informe acusa al SPF de no haber ejecutado las contrataciones necesarias para instalar inhibidores de señal, a pesar de contar con presupuesto y resoluciones judiciales que lo ordenaban. También detalla la ausencia de sanciones internas ante hallazgos de celulares, lo que generó “impunidad interna” y favoreció la continuidad de las maniobras criminales.
Pedido de indagatorias y futuro judicial
Por todo esto, los fiscales pidieron indagatoria para Garrigós y otros exdirectivos del SPF por incumplimiento de deberes, y remarcaron que “las omisiones permitieron que organizaciones de altísima peligrosidad mantuvieran su capacidad operativa fuera de los muros”.
La causa se transformó en un símbolo del fracaso estatal en el control carcelario, y anticipa un debate clave sobre cómo blindar los penales para evitar que la violencia siga escalando desde adentro.
La defensa de Garrigós recusa a los fiscales
La defensa de María Laura Garrigós presentó un escrito ante el Juzgado Federal Nº 4 de Rosario en el que solicita la recusación de los fiscales que pidieron su indagatoria, que fue postergada. Los abogados Matilde Bruera y Daniel Gerber argumentaron que los representantes del Ministerio Público “carecen de objetividad” y que su actuación estaría viciada por un enfoque “selectivo” que no se ajusta a la imparcialidad que exige el proceso penal.
Según el planteo, el período temporal que los fiscales tomaron como base para acusar —2020 a 2023— no se corresponde con el tiempo en el que Garrigós ejerció como interventora del Servicio Penitenciario Federal, entre junio de 2020 y diciembre de 2021. Incluso señalan que hay hechos anteriores y posteriores a su gestión que no fueron incluidos en la acusación, pese a que reflejarían el mismo patrón de descontrol en las cárceles federales.
La presentación también cuestiona que se cargue toda la responsabilidad por la falta de inhibidores de señal a las autoridades del período 2020-2023, cuando la obligación de instalar esos equipos data de 2017 y, según remarcan, sigue sin cumplirse plenamente hasta hoy. Para la defensa, esa omisión selectiva y la falta de imparcialidad ameritan apartar a los fiscales de la investigación y designar nuevos funcionarios para garantizar un proceso transparente.
Con información de Hernán Funes.
Lectura rápida
¿Qué reveló el dictamen de los fiscales federales? Un entramado que permitió a bandas criminales de Rosario manejar sus negocios desde cárceles federales entre 2020 y 2023.
¿Quiénes están involucrados en el pedido de indagatoria? La exinterventora del SPF, María Laura Garrigós, y otros altos mandos por incumplimiento de deberes.
¿Cuándo se realizó el informe sobre el control carcelario? El informe abarca el período entre 2020 y 2023, con énfasis en la falta de control desde 2017.
¿Dónde se registraron los actos delictivos? Principalmente en Rosario y en cárceles federales como Ezeiza y Marcos Paz.
¿Por qué se considera un fracaso estatal? Por la incapacidad del SPF de controlar el ingreso de teléfonos y la falta de instalación de inhibidores de señal, lo que permitió que los líderes narco operaran desde prisión.




