Villa Allende: vecinos presentaron amparos contra el cierre nocturno de calles
Los autoconvocados no cuestionan la necesidad de políticas de seguridad, sino la forma en que se implementan. Los recursos están ahora en manos de la Cámara Contencioso Administrativa.
17/06/2025 | 08:41Redacción Cadena 3
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Radioinforme 3
El cierre temporal de calles en Villa Allende, aprobado por la ordenanza 1425 para combatir la inseguridad, sigue generando controversia y motivó la presentación de dos recursos de amparo por parte de vecinos autoconvocados.
La medida, que restringe la circulación de 22:00 a 6:00 en ciertos sectores, busca prevenir delitos, pero fue cuestionada por considerarse inconstitucional y poco eficaz. Hugo Yagües, abogado y vecino de la localidad, es uno de los impulsores de estos amparos y explicó los argumentos que sustentan su oposición.
La ordenanza, aprobada por el Concejo Deliberante con el respaldo de la mayoría oficialista, busca responder a la creciente preocupación por la inseguridad en Villa Allende, un problema que afecta a los vecinos y que motivó propuestas similares en la ciudad de Córdoba y otras ciudades.
Sin embargo, Yagües sostuvo que la medida vulnera derechos constitucionales, como la libertad de tránsito, la participación ciudadana, la no discriminación y la igualdad ante la ley. "Es un argumento falaz decir que cerrar calles resuelve la inseguridad. No hay antecedentes exitosos que lo avalen, y la ordenanza no presenta datos concretos sobre los delitos en la ciudad", afirmó.
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El abogado señaló en diálogo con Cadena 3 que la falta de participación vecinal es uno de los puntos centrales del amparo. Desde enero, los autoconvocados recolectaron más de 3.000 firmas para solicitar una audiencia con el intendente, pero no fueron recibidos. "Hay un fracaso flagrante en las políticas de seguridad del municipio y una ruptura en la vinculación con los vecinos. Esta medida es destemplada y no responde a un diagnóstico claro del problema", aseguró Yagües, destacando que los concejales opositores también votaron en contra de la ordenanza.
Uno de los aspectos más criticados de la ordenanza es que solo permite a los titulares de la tasa de servicio a la propiedad participar en un registro de oposición, excluyendo a residentes, comerciantes o trabajadores de la zona. "Esto cercena el derecho a la participación democrática. En otras ordenanzas similares, se incluye a todos los afectados, no solo a propietarios", explicó Yagües, comparando la situación con la reciente revocatoria en Mendiolaza, donde se restringió el voto a quienes participaron en elecciones generales, algo que él consideró antidemocrático.
Además, los vecinos autoconvocados cuestionaron la eficacia de los cierres viales. "No hay un mapa de calor del delito, no sabemos qué tipos de delitos se cometen, dónde, cómo, ni quiénes son las víctimas o los victimarios. Sin ese diagnóstico, cerrar calles es una solución enlatada, deficitaria", afirmó Yagües.
Lejos de negar la inseguridad, Yagües aclaró que los autoconvocados no cuestionan la necesidad de políticas de seguridad, sino la forma en que se implementan. Como respuesta, están impulsando un observatorio ciudadano para analizar el delito en Villa Allende y proponer soluciones basadas en datos. "No competimos con el municipio, queremos políticas focalizadas y efectivas. Hay vecinos que apoyaron al intendente, pero discrepan con esta medida", señaló.
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Los recursos de amparo presentados por Yagües y otros vecinos están ahora en manos de la Cámara Contencioso Administrativa de Primera Nominación. "Esperamos que se cite a una audiencia de conciliación y se dispongan las cautelas necesarias", indicó el abogado, quien confía en que la Justicia evalúe la inconstitucionalidad de la ordenanza.
Mientras tanto, el debate sigue abierto, con opiniones divididas entre quienes ven en los cierres una herramienta para frenar la delincuencia y quienes los consideran una medida arbitraria que no aborda las causas reales de la inseguridad.
La controversia en Villa Allende no es un caso aislado. Proyectos similares están en discusión en Córdoba y otras localidades, lo que pone en el centro del debate la tensión entre seguridad, derechos ciudadanos y participación.
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