Senestrari: "Los intendentes usaban las facturas truchas para blanquear el robo"

1. Audio. Intendentes, empresarios y narcos, en una millonaria trama de facturas truchas

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Una investigación iniciada en 2020 por el fiscal federal de Córdoba, Enrique Senestrari, derivó en el procesamiento de 35 personas físicas y jurídicas en una megacausa que expone una compleja red de evasión fiscal, administración fraudulenta y lavado de activos a través de "usinas" de facturas truchas.

El caso, calificado como "inédito" por su magnitud, involucra a exintendentes cordobeses, empresarios de alto perfil y hasta presuntos vínculos con la banda narco rosarina "Los Monos". Según el fiscal, el daño económico al Estado supera los 5.000 millones de pesos, actualizados a valores de 2025, afectando recursos destinados a salud, seguridad y servicios públicos.

En diálogo exclusivo con Cadena 3, Senestrari detalló los alcances de la investigación, que comenzó con denuncias en 2019 y se consolidó con más de 90 allanamientos en 2020 en Córdoba y otras provincias. "Estamos hablando de 16 mil facturas truchas investigadas, una usina gigantesca manejada por Diego Alberto Vieyra Ferreyra, señalado como el organizador de esta asociación ilícita", afirmó el fiscal.

La operatoria consistía en generar facturas apócrifas para simular gastos inexistentes, permitiendo a empresas evadir impuestos como el IVA y Ganancias, y a autoridades públicas justificar desvíos de fondos estatales.

Entre los procesados figuran el exintendente de Saldán, Cayetano del Valle Canto, la actual intendenta, Hebe Carolina Cristori, y el exintendente de Mendiolaza, Daniel Salibi, acusados de administración fraudulenta contra la administración pública.

Según Senestrari, estos funcionarios utilizaban facturas falsas para "tapar la plata que se llevaban de las arcas" de sus municipios y de la Comunidad Regional Colón, un ente intermunicipal presidido por Canto. "Desviaban fondos de las municipalidades y del organismo que manejaban, justificándolos con facturas falsas generadas por esta organización", explicó el fiscal.

La investigación detectó 34 facturas apócrifas por 9,5 millones de pesos en Saldán y otras 10 por 9,3 millones en la Comunidad Regional Colón. "El dinero estaba en la municipalidad y se lo sacó, tapándolo con boletas falsas", señaló Senestrari, quien destacó que los bienes adquiridos por los imputados, como autos de alta gama y propiedades, están bajo embargo para recuperar el dinero desviado.

En el caso de Canto, su notoriedad creció al descubrirse que justificaba su enriquecimiento con supuestas ganancias en casinos, donde afirmó haber ganado 260 veces en 18 meses, un hecho que el fiscal calificó como parte de las maniobras para blanquear fondos.

La causa también apunta a empresarios de alto perfil, como Cristian Debarre, presunto dueño del call center Corphone SA, uno de los más importantes de Córdoba. Según Senestrari, cuando la Justicia allanó la empresa, descubrió que la titular era una joven empleada doméstica de General Cabrera, utilizada como testaferro.

En la vivienda de Debarre, ubicada en un country, se encontraron motos de colección, autos de alta gama y un yate, evidenciando un nivel de vida incompatible con los ingresos declarados. "Debarre está sospechado de haber simulado la situación fiscal de la empresa ante la AFIP", afirmó el fiscal, quien lo vincula directamente con Diego Alberto Vieyra Ferreyra, el presunto líder de la red.

La operatoria involucraba a 80 "usinas" y "usinas mixtas" que emitieron 15.995 facturas apócrifas entre 2018 y 2020, generando un crédito fiscal espurio de 251,7 millones de pesos. Estas facturas eran vendidas a "clientes" –empresas y particulares– que buscaban reducir su carga tributaria. "La mayor parte de los casos era para justificar gastos ficticios y achicar el margen de ganancias, pero en el caso de los intendentes, se usaban para blanquear el robo en la administración pública", explicó Senestrari a Cadena 3.

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La investigación identificó 639 empresas argentinas en la mira, aunque solo 50 enfrentan cargos penales, ya que la evasión debe superar los 1,5 millones de pesos por período para ser considerada delito penal.

Uno de los aspectos más alarmantes de la investigación es la presunta conexión con el narcotráfico. Senestrari destacó la gravedad de que una empresa como Corphone fuera adquirida por una persona vinculada a actividades ilícitas, específicamente falsificación de moneda en el contexto de un narcoescándalo de 2012-2013.

"No puedo decir que haya alguien de Los Monos directamente involucrado, pero sí se menciona que el dinero para comprar la empresa provenía de actividades relacionadas con esa persona, cuyo origen no fue demostrado", dijo el fiscal. Esta conexión subraya su advertencia: “La delincuencia económica de cuello blanco no es limpia, al contrario, está relacionada con actividades ilícitas graves”.

El fiscal enfatizó que el daño no solo afecta al Estado, sino también a personas vulnerables cuyas claves fiscales fueron robadas o cedidas bajo engaño. "Encontramos casos de personas que no tenían nada que ver, a las que les robaban su clave fiscal o la prestaban por unos pesos. Un joven de 19 años facturó 10 millones de pesos sin saberlo. Esto les impedía acceder a beneficios sociales como el IFE o la AUH", relató Senestrari.

La complejidad del caso, con 53 imputados iniciales y decenas de miles de facturas analizadas, ha generado demoras significativas. "Cada defensa presenta recursos para recuperar bienes o levantar embargos, lo que retrasa el proceso", explicó Senestrari.

Además, señaló presiones sutiles dentro del sistema judicial: "Hubo compañeros de trabajo que llamaban preguntando por algún imputado, diciendo ‘es un amigo’, sin presionar directamente, pero generando un ambiente de incomodidad".

A pesar de estas dificultades, el fiscal confía en llevar la causa a juicio, aunque reconoció que las moratorias fiscales permitieron a algunos imputados regularizar su situación con la AFIP, extinguiendo la acción penal en ciertos casos.

Senestrari estimó que el monto total involucrado asciende a más de 5 mil millones de pesos, actualizados a 2025. "Gran parte de ese dinero es del Estado, porque son impuestos no pagados y fondos sustraídos de municipalidades. Es dinero que debería estar destinado a resolver problemas de inseguridad, salud pública o necesidades básicas como remedios y pañales", lamentó.

El fiscal subrayó la gravedad de estos delitos, que, aunque no generan la misma indignación que los crímenes violentos, "colaboran para que haya personas lastimando a gente en la calle al dejar al Estado sin recursos".

Entrevista de Miguel Clariá, Juan Federico y Luis Fernández Echegaray.

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