En medio de la escalada beligerante a raíz de la situación judicial contra la vicepresidenta Cristina Kirchner y la reacción súbita de una militancia K resurgida, se suspendió hasta nuevo aviso la sesión especial prevista para este miércoles en la que iban a tratarse una batería de proyectos de ley.
Cuando diputados del oficialismo y de la oposición recargaban municiones de cara a la sesión del miércoles, se produjo un "plot twist" que cambió el curso de los acontecimientos.
Las escenas de máxima tensión del sábado pasado frente a la residencia de Cristina Kirchner, protagonizadas por la militancia que fue a llevarle su adhesión a "la jefa" y la Policía de la Ciudad que aplicó un vallado en las inmediaciones del lugar, alteraron el humor social en el arco político.
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Lógicamente, eso tuvo un correlato en los diputados que intercambiaron misiles a través de los medios y las redes sociales. Ese clima beligerante terminó de dinamitar las negociaciones.
"El contexto político superaba las posibilidades de poder negociar una sesión. Iban a ser cuatro o cinco horas de cuestiones de privilegio y eso iba a desnaturalizar el propósito de la Cámara de Diputados que es discutir leyes", explicaron a NA fuentes parlamentarias del oficialismo.
Con la negativa de Juntos por el Cambio a acompañar la ley para prorrogar seis impuestos nacionales, sumado a las vacilaciones en los diputados de las bancadas intermedias, las cuentas para el Frente de Todos estaban demasiado ajustadas como para tomar el riesgo.
A partir de ahora, la idea del oficialismo es recuperar el diálogo y llegar a un acuerdo para acomodar la sesión la semana que viene, la última disponible antes del desembarco del Presupuesto 2023.
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No iba ser una sesión más, por varios factores. En primer lugar, lo ya mencionado: el ensanchamiento de la grieta que aconteció en los últimos días, en que la centralidad de una re- empoderada Cristina Kirchner corrió el foco del desbarajuste de las principales variables de la economía y el programa de ajuste fiscal del Gobierno.
Las escaramuzas en Recoleta, frente al domicilio de la ex presidenta (que Andrés "Cuervo" Larroque caracterizó como un "santuario") no hicieron más que agigantar las llamas. Los chispazos de los choques reavivaron también el conflicto la interna opositora, con Patricia Bullrich corriendo por derecha al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, a quien le facturó falta de "carácter" y de autoridad para barrer el campamento K en Recoleta.
El pedido de juicio político por parte de diputados de Juntos por el Cambio contra Alberto Fernández por su desafortunada comparación entre el fiscal Diego Luciani, acusador de Cristina Kirchner en la causa Vialidad, y el fallecido Alberto Nisman ("ojalá no se suicide como él") tampoco contribuía a bajar los decibeles.
Este es el telón de fondo que iba a marcar el debut de Cecilia Moreau como presidenta de la Cámara de Diputados en una sesión. Quedará para la semana que viene, o para más adelante.
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La suspensión de la sesión sorprendió a quienes eran ajenos a las negociaciones. Hasta el sábado, no había nadie que no diera por descontada la convocatoria, por más que no hubiera sido cursada formalmente. De hecho, ya habían llegado a Buenos Aires diputados de las provincias especialmente para asistir a la cita legislativa, y otros tenían vuelos programados para las próximas horas.
En la sesión, que ahora habrá que ver para cuándo se reprograma, se iban a tratar la ley de Consenso Fiscal, la prórroga de seis impuestos nacionales, la renovación de la vigencia del Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego y la creación de las universidades nacionales del Delta, de Pilar y Saladillo. En signo de interrogación aparecía la ley de Enfermería, que ya tenía dictámenes firmados.
A propósito de la ley de Consenso Fiscal, Juntos por el Cambio anticipó objeciones y de hecho firmó un dictamen de minoría con 20 firmas, pero la aprobación es segura para el oficialismo. Ello ocurre en virtud de los votos de fuerzas intermedias y también de los legisladores de la UCR que responden a los tres gobernadores radicales que suscribieron el pacto con el presidente el 27 de diciembre del año pasado.
El PRO tenía resuelto votar en contra en el recinto junto a la Coalición Cívica y Evolución Radical, por considerar que la norma habilita la suba de impuestos, mientras que la UCR se iba a dividir.
En cambio, reinaba la incertidumbre en relación al otro proyecto, que tiene que ver con la prórroga de la vigencia de seis impuestos nacionales hasta el 31 de diciembre de 2027: el impuesto a las Ganancias, Bienes Personales, el impuesto sobre los créditos y débitos en cuenta corriente bancaria (impuesto al cheque), el impuesto adicional de emergencia sobre el precio final de venta de cigarrillos, los impuestos del régimen simplificado para pequeños contribuyentes (monotributo), y el de Capital de Cooperativas.
Diputados no sesiona desde el 2 de agosto pasado, cuando se trató la renuncia de Massa como titular del cuerpo y se aprobó la designación en su lugar de Cecilia Moreau. La última vez que la Cámara baja se había reunido para votar proyectos había sido el 5 de julio pasado, hace casi dos meses.
