El Gobierno podría modificar el DNU sobre el acceso a la información pública

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, anunció este miércoles que se analizará si es necesario modificar el decreto reglamentario sobre el acceso a la información pública ante las objeciones de los bloques dialoguistas, que rechazan la decisión del Gobierno.

Al responder preguntas de los diputados Miguel Pichetto, de Encuentro Federal; Karina Banfi, de la UCR, y Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica, Francos dijo que el objetivo del Gobierno "no fue de ninguna manera limitar el acceso a la información pública".

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El ministro coordinador adelantó que le transmitirá lo planteado al Presidente. “Veremos si tenemos necesidad, no sé si derogarlo, porque la intención ha sido tratar de ordenar el tema del acceso a la información por la cantidad de tarea administrativa que demanda".

En ese sentido, anticipó: "Se modificará el decreto si fuera necesario. Haremos las consultas. Estamos dispuestos a analizarlo y que ustedes puedan entender desde el lado de la administración cuáles son las dificultades que vemos y que encontramos para acceder a todos los requerimientos, pero sabemos que es un principio constitucional que está en los tratados", añadió.

Al responder a las críticas de los diputados dialoguistas, Francos explicó: "Como seguramente comprenderán, no hay ninguna intención del Gobierno nacional de limitar el acceso a la información pública. Más aun, hemos recibido el récord de preguntas de esta Cámara para este informe que estamos dando: 3.500 que se resumieron en 2.500 respuestas que ustedes recibieron el día de ayer".

“Para redactar el decreto, se realizaron consultas a los actores del acceso a la información pública, tanto a la Agencia como a la Procuración del Tesoro, y no nos pareció que hubiera en todo esto ninguna violación a ese derecho constitucional", justificó.

El funcionario agregó: "Lo que hemos tratado de hacer es intentar ordenar el acceso a la información, de ninguna manera restringirlo".

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"Sí, puede haber diferencia de criterios en la interpretación de la buena fe, que es una norma que está en el Código Civil argentino, y yo entiendo la apreciación sobre la diferencia entre un particular, un funcionario público, un particular y el Estado, pero el principio de la buena fe tiene que ser para todos", agregó.

El Gobierno dictó el lunes último un decreto que apunta a limitar el acceso a información pública, especialmente cuando se trate de datos privados de los funcionarios o pueda ocasionar daños a las personas.

Ante la pregunta la reforma judicial, Francos dijo que "se está trabajando en el Ministerio de Justicia y que ya se encuentra en elaboración un proyecto de ley relativo a la desburocratización de la justicia".