Denuncian responsabilidad de Milei por el cierre de Vialidad: “Rutas de la muerte”

Después de la decisión del gobierno nacional de disolver la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), Graciela Aleñá, secretaria general del Sindicato Trabajadores Viales y Afines (STVyARA), responsabilizó al presidente Javier Milei y al ministro de Desregulación y Modernización del Estado, Federico Sturzenegger, por la creación de "rutas nacionales de la muerte". En el decreto emitido, se decidió eliminar el organismo que se encargaba del diseño, construcción, conservación y planificación de las rutas, transfiriendo sus funciones al Ministerio de Economía y a un nuevo ente regulador: la Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos de Transporte.

Los analistas advierten que al eliminar un organismo clave, se incrementará la peligrosidad de las rutas argentinas. Aleñá expresó: "Nos vamos a morir todos en las rutas argentinas, es una vergüenza. Mienten sobre nuestras funciones y este decreto está diseñado para favorecer negocios, desviando el Impuesto a los Combustibles, que son miles de millones de pesos, a otros propósitos".

La sindicalista argumentó que la disolución de la DNV es una decisión ideológica dentro del plan del gobierno de Javier Milei para reducir el Estado a su mínima expresión, atacando estructuras esenciales bajo el pretexto de la ineficiencia, lo cual es falso. Hizo un fuerte llamado a los gobernadores y fuerzas políticas a oponerse a un decreto que afecta no solo a Vialidad, sino a otras áreas del transporte.

Aleñá criticó el nuevo enfoque, que sugiere mayores roles para las fuerzas de seguridad en el sector, calificándolo como un evidente mensaje represivo. Además, advirtió que como resultado de esta decisión, más de 5500 trabajadores enfrentan el desempleo, 118 rutas nacionales quedan desatendidas y más de 40 mil kilómetros de rutas carecen de mantenimiento y cobertura.

La dirigente sindical denunció que el gobierno está compuesto por personas sin escrúpulos y con un enorme desconocimiento técnico, acusando a Milei y su aliado Sturzenegger de ser "responsables del genocidio en las rutas". Alertó que los bienes de infraestructura, como edificios y maquinarias valuadas en cientos de millones de pesos, serán liquidadas por el organismo AABE. Enfatizó: "Para esto sí funcionan: realizar negociados con el patrimonio de todos los argentinos, son unos caraduras".

Aleñá enfatizó que el cambio no es solo una reorganización administrativa como intenta presentar el Gobierno, sino que significa desmantelar la capacidad operativa del Estado para intervenir en el desarrollo de la infraestructura vial, favoreciendo un esquema de mayor centralización y privatización. Refutó las afirmaciones del gobierno sobre la estructura onerosa de Vialidad, indicando que diariamente se realizan obras de bacheo, repavimentación, señalización y mantenimiento, entre otras funciones.

Asimismo, la líder del sindicato combatió la noción de que gran parte del trabajo de mantenimiento vial está tercerizado y que la gestión privada sería más eficiente. Esta perspectiva, argumentó, mercantiliza la función pública y ignora la importancia de un organismo estatal para la planificación y control del desarrollo vial. "El problema no es la ejecución mixta, sino el abandono del presupuesto, que deterioró su funcionamiento y hoy se utiliza como justificación de la supuesta ineficiencia".

Criticó el traspaso de funciones al Ministerio de Economía, señalando que esto aleja las decisiones del territorio y debilita el carácter técnico de la planificación vial. La nueva agencia funcionará con una lógica político-fiscalista y no técnica, algo que compromete el control parlamentario y los derechos laborales, desdibujando el marco institucional vigente.

Según Aleñá, sin una entidad estatal que planifique obras estratégicamente según las necesidades de la población, lo que prevalecerá será una lógica de mercado en la que la inversión se guiará por la rentabilidad, dejando de lado la necesidad social y la conectividad federal.

Finalmente, enfatizó que la desregulación de Vialidad implica una pérdida de soberanía vial, donde las decisiones sobre las rutas, licitaciones y obras estarán en manos de privados o funcionarios sin conexión territorial, lo que supondrá un mayor riesgo para la seguridad y el control de las obras. Destacó que Vialidad contaba con funciones de auditoría, control de calidad y certificación de obras públicas, y su eliminación pone en peligro la capacidad del Estado para asegurar transparencia y cumplimiento. Advirtió que cientos de distritos perderían presencia operativa y trabajadores capacitados, repercutiendo negativamente en la conectividad, la economía local y el empleo público.

Temas