Una reforma laboral para los que se fueron a Miami

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Por Adrián Simioni

Existe un proyecto de ley presentado hace tiempo por una diputada libertaria, con un dictamen en minoría en Diputados, pero no hay nada aún.

El gobierno ha iniciado conversaciones con gobernadores para evaluar posibilidades, pero todo está en etapa preliminar. Sin embargo, el tema ya genera revuelo y posturas defensivas.

Primero, tranquilicémonos. No hay mucho que defender en el actual entramado laboral argentino. Vivimos en un país de salarios bajos, con un enorme sector de empleo en negro, mucho cuentapropismo y emprendimientos informales. El empleo en blanco apenas alcanza a 9 millones de personas, de las cuales solo 6,2 millones son del sector privado, menos del 28% de la población económicamente activa. 

Esto significa que solo uno de cada cuatro trabajadores es un empleado privado formal. 

El empleo público, sobredimensionado, se sostiene con impuestos que pagamos todos, en un circuito cerrado que no genera riqueza. El sistema actual no es sostenible. Los pocos empleos formales soportan una carga laboral altísima, y las empresas enfrentan costos que limitan su competitividad. 

Por eso, propuestas como la jornada laboral de 13 horas generan escándalo, pero no se trata de obligar a todos a trabajar más. La idea es implementar un banco de horas, como existe en otros países, para flexibilizar horarios y permitir, por ejemplo, que alguien acumule horas para tomarse dos meses libres. 

No es un retroceso a condiciones decimonónicas, sino una herramienta para adaptarse a necesidades modernas. Otro punto es la indemnización. En países desarrollados, muchos reemplazan indemnizaciones por seguros de desempleo que cubren el 70% u 80% del salario mientras el trabajador busca otro empleo. 

En Argentina, el modelo donde las empresas aportan a un fondo que paga a trabajadores sin empleo, es un ejemplo que podría replicarse. También se propone el pago por productividad, algo que ya ocurre en muchas empresas que pagan más a empleados por su talento o eficiencia, pero con un problema: si el empleado no cumple, la empresa no puede reducir ese plus sin enfrentar riesgos legales. 

Con inflación, estos acuerdos se licúan; sin inflación, debe haber flexibilidad para que el pago por productividad sea genuino. Los datos lo confirman: entre 2017 y 2025, los salarios de convenios paritarios cayeron un 20% en términos reales, pero la masa salarial reportada al ANSES creció un 10%. Esto indica que muchas empresas ya pagan por encima de los convenios, pero necesitan reglas claras para que esos acuerdos sean viables. 

La competencia empresarial requiere flexibilidad: no todas las empresas, regiones o sectores pueden pagar lo mismo. Un esquema rígido, donde todos enfrentan los mismos costos, limita la innovación y el crecimiento.

El debate recién comienza, pero no defendamos ciegamente un sistema que deja afuera a tres cuartos de los trabajadores, muchos en negro, incluidos nuestros propios hijos. Ellos emigran a lugares como Miami, donde la regulación laboral se basa en un salario mínimo por hora y jornadas flexibles, y logran prosperar. La reforma laboral debe ser para ellos, para los que están fuera del sistema, para que puedan trabajar y crecer aquí. 

Tranquilicémonos, pero empecemos a pensar en un mercado laboral que incluya a todos. 

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