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FOTO: El comedor de la policía federal tras el ataque del 2 de julio de 1976
Adrián Simioni
La violencia política de los 70 se sigue resistiendo a ser historia. Sigue siendo actualidad. Porque todavía es un tema sin saldar. No sólo en Argentina.
Hace unos días, en Uruguay, se armó un tremendo bardo. Sofía Topolansky –que ha sido nada menos que vicepresidenta, diputada y senadora y es esposa del expresidente y exlíder guerrillero José Mugica- dijo que a ella le consta que en su país desde la izquierda se inventaron testimonios falsos para incriminar a militares como violadores de derechos humanos. Peor: dijo que ella y su marido saben bien quiénes lo hicieron pero que no van a decir nada porque no son “botones”. Imagínense: potencialmente es posible que haya gente injustamente condenada, no importa que esté presa o no, o públicamente estigmatizada, por testimonios falsos y que, aún a sabiendas de esa injusticia, una expareja presidencial, prefiera el silencio cómplice. Y lo diga abiertamente.
Es una muestra de cómo una bandera supuestamente inmaculada como la de los derechos humanos puede ser usada por una facción para… violar derechos humanos.
Es lo que acaba de exponer la Justicia esta mañana en Argentina. La Cámara Federal le ordenó a la jueza Servini y a la fiscalía que dejen de hacerse los distraídos con los montoneros que asesinaron a 24 personas, muchas de ellas civiles, cuando volaron en 1976 el comedor de la Superintendencia de la Policía Federal. La justicia argentina se ha negado sistemáticamente a actuar en los crímenes de Montoneros y el ERP con la excusa (discutible) de que esos delitos no se cometían desde el Estado, así que no son violaciones a los derechos humanos, no son de lesa humanidad y por tanto han prescripto, a diferencia de los crímenes cometidos por los militares que habían usurpado el Estado. Una jueza como Servini ya intentó muchas veces liquidar el tema a favor de los exterroristas. Pero ahora la Cámara le ordena a Servini que se ponga las pilas y que le tome declaración indagatoria a Mario Firmenich, jefe máximo de Montoneros que vive en España. Y además le ordena que levante los sobreseimientos que ya les había dado al propio Firmenich y a exmontoneros como Horacio Verbitsky, Laura Silvia Sofovich, Miguel Ángel Lauletta, Lila Victoria Pastoriza, Norma Walsh y Carlos Aznares, algunos de los cuales dan lecciones de derechos humanos desde hace décadas en Argentina pero integraron una banda terrorista que asesinaba, secuestraba y ponía bombas para trepar en el poder político incluso en plena democracia.
El argumento de los tres camaristas es lo interesante. Los camaristas no caen en la teoría de los dos demonios, no dicen que los asesinatos de Firmenich sean exactamente iguales que los de Videla. Pero dan vuelta la pelota y dicen:
-El Estado argentino jamás se puso a investigar en serio qué pasó en ese atentado y quiénes fueron los responsables.
-Por lo tanto, el Estado argentino abandonó a las víctimas (asesinados, heridos y sus familiares). Un triple abandono: el derecho a la verdad, el derecho al reconocimiento y el derecho a eventuales reparaciones).
Y todo eso, dicen los tres camaristas, es una violación a los derechos humanos de ciudadanos cuando son víctimas, el Estado los ignoró durante cinco décadas. Los jueces (como Servini) los reculó cumpliendo meramente las formalidades ante cada denuncia. Pero nunca tuvieron la menor intención de meter los dedos en el enchufe porque el relato hegemónico en la democracia argentina transformó a los terroristas en ángeles. Permitimos que las atrocidades de los dictadores neutralizaran los crímenes de los terroristas. Y con ese fin se violaron los derechos humanos de las víctimas, que no importa si no fueron víctimas de lesa humanidad. Aunque hayan sido víctimas de un delito ordinario, igual son víctimas y tienen el derecho humano a la Justicia, que el Estado argentino les negó. Hasta ahora. Ahora habrá que ver cómo sigue esta causa, donde el largo trayecto de los derechos humanos en nuestro país acaba de pegar un volantazo. Donde el telón que encubrió los crímenes del terrorismo de izquierda en el cono sur empieza a correrse tanto en Uruguay como en Argentina, en la misma semana.
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