La Corte Suprema le ordena a los gobernadores: "Dejen de ser Trump"
El máximo tribunal puso límites a las provincias por las alícuotas diferenciales de Ingresos Brutos.
10/04/2026 | 13:58Redacción Cadena 3
FOTO: El edificio de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
La advertencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación a los gobernadores tiene un tono institucional, pero también un trasfondo político evidente: el federalismo no puede convertirse en una excusa para fragmentar el país.
El fallo reciente —unánime entre los tres jueces actuales— marca un punto de inflexión. No solo por los casos concretos que resolvió, sino porque fija una doctrina que, si se mantiene la línea del tribunal cuando se complete su integración, podría ordenar uno de los mayores desajustes del sistema tributario argentino: el uso discrecional del impuesto a los Ingresos Brutos.
Durante años, muchas provincias encontraron en ese tributo una herramienta para recaudar más… pero también para competir entre sí. El mecanismo es conocido: alícuotas más bajas para empresas radicadas localmente y más altas para aquellas que operan desde otras jurisdicciones. En la práctica, una empresa de Córdoba que vende en Santa Fe puede terminar pagando más que una firma santafesina por hacer exactamente lo mismo.
El resultado es un esquema que funciona como una suerte de "aduana interna". No con aranceles formales, pero sí con barreras fiscales que distorsionan el comercio. Y eso, según la Corte, viola principios básicos de la Constitución: la igualdad ante la ley, la libre circulación de bienes y la organización de un mercado único nacional.
Los casos analizados —uno en Salta y otro en Santa Fe— no son excepciones, sino ejemplos de una práctica extendida. Empresas como La Veneciana o Comercial Rossi, de Córdoba, decidieron dejar de pagar esas diferencias y enfrentaron embargos y sanciones. Ahora, con el fallo definitivo, la discusión cambia de plano.
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Lo que dice la Corte es, en esencia, que el federalismo no puede ser “antinacional”. Que no puede utilizarse para construir pequeños mercados cerrados dentro de un país que, en teoría, busca integrarse cada vez más, incluso hacia afuera, en espacios como el Mercosur. La contradicción es evidente: se habla de integración regional mientras se dificulta el comercio interno.
El problema no es solo jurídico. Es también económico. Este esquema genera un entramado caótico donde una misma empresa puede ser beneficiada en su provincia y castigada en otra. Aumenta costos, desalienta inversiones y fragmenta cadenas productivas.
Pero el fallo abre otra discusión, más delicada: la fiscal. Muchas provincias dependen fuertemente de Ingresos Brutos para sostener sus cuentas. Limitar su uso —o, al menos, su aplicación discriminatoria— implica obligarlas a repensar su estructura de financiamiento. Y eso no es menor en un país donde los recursos siempre son escasos y las tensiones fiscales, permanentes.
Por eso, más allá de la contundencia jurídica, el impacto real dependerá de la política. De si los gobernadores aceptan el límite y corrigen el rumbo, o si buscan nuevas formas de sostener esa lógica bajo otros mecanismos.
La Corte puso un freno claro. Ahora falta ver si el sistema político está dispuesto a actuar en consecuencia.
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