La Justicia tiene la oportunidad de mostrarnos que no está llena de corruptos

Adrián Simioni

La sociedad argentina está exhibiendo como nunca que exige un cambio cultural. Pero no todos entienden el mensaje. Una buena muestra es lo que está pasando en la Justicia de Córdoba.

Allí acaba de estallar una bomba. Resulta que se está haciendo un examen para cubrir puestos del cuerpo de defensores oficiales. Como parte de ese proceso se tomó una prueba. Y en esa prueba hubo sólo 4 exámenes que acertaron entre 99% y 100%. Son 4 mujeres y todas son de la casta: ya son empleadas del Poder Judicial. Las cuatro están vinculadas a un defensor oficial, Eduardo Caeiro, que integra el tribunal que elabora y toma el examen. Una trabaja en su propia oficina y algunas son colaboradoras de él en su cátedra de la Universidad Católica o en un posgrado que da en la misma universidad.

Hay indicios de que a las cuatro les pasaron las respuestas. Primero, el gremio judicial, después de dar bastantes vueltas para saber qué hacer con la papa caliente, hizo una “presentación” judicial –no una denuncia-. Segundo, el Tribunal Superior, también después de dar muchas vueltas, decidió ayer anular esta parte –el examen- del proceso de selección. Todo pasó después de que los periodistas se enteraran y empezaran a preguntar y a publicar sobre el tema.

Los que conocen bien el opaco paño de la burocracia judicial temen que se intente dejar que el tema muera por olvido. Primero, por anular el examen: ¿por qué afectar a gente que hizo las cosas bien en lugar de investigar, definir quiénes son los corruptos y quiénes no y echarlos del Poder Judicial? Es lo que hace la Justicia cuando juzga un crimen, una disputa familiar o una controversia comercial. No hace gatopardismo. No dice “sí, parece que todos los habitantes del barrio tal pueden o no haber asesinado a hachazos a la viejita que iba a comprar el pan”. No: identifica al que lo hizo, lo mete en Bouwer y así el resto de los vecinos del barrio tienen su nombre limpio y pueden vivir con un asesino menos en la cuadra.

Segundo: porque, en esa línea, ni el sindicato ni el presidente del Tribunal Superior, Luis Angulo, han metido todavía una denuncia penal. Algo a lo que Angulo está obligado legalmente porque tiene en su escritorio un elefante: la sospecha cierta de que 5 integrantes de su poder cometieron un delito. Hay sólo una “presentación” que da lugar a una “investigación administrativa” y ya a un principio de “solución”: dar por caído el examen. La diferencia es grande: si hay denuncia se pueden secuestrar celulares, por ejemplo; si no, no.

Entonces, da la impresión de que nadie quiere ir muy a fondo. Como se sospecha que sucede muy a menudo en las corporaciones poderosas que viven de nuestros impuestos y están demasiado acostumbradas a que una mano lave la otra.

Los honestos del Poder Judicial de Córdoba tienen la enorme oportunidad de exigir que se separe la paja del trigo. Si no, discúlpennos, pero vamos a seguir sospechando que todos son corruptos: muchos por comisión y el resto por omisión.

Igual que el Colegio de Abogados, los legisladores provinciales oficialistas y opositores que integran el Jury de Enjuiciamiento también tienen la chance de mostrarnos que la cosa les importa; porque un defensor oficial como Caeiro es un magistrado, igual que un juez o un fiscal, y por lo tanto puede ser destituido por juicio político aunque no se llegue a demostrar en forma indubitable que delinquió.

Para los ciudadanos es muy importante. Es inadmisible, es inmoral, es peligroso, es bochornoso que les demos el poder de decidir si una nenita de Brinkmann como Aralí vuelve o no a la casa de quien la va asesinar, o si cualquiera de nosotros actuó bien o mal, le embargan la vivienda o no, a una casta de funcionarios muy bien pagos con nuestros impuestos que se hacen los distraídos para no investigarse a sí mismos porque prefieren seguir en el mismo lodo todos manoseáos. Los corruptos por comisión y los corruptos por omisión.