Un tribunal federal analiza la orden de Trump sobre el voto por correo

BOSTON — Un juez federal ha escuchado los argumentos de diversas organizaciones que defienden el derecho al voto, así como de una coalición de 24 estados, que buscan que se frene la orden ejecutiva del presidente Donald Trump. Esta orden busca establecer una lista federal de votantes y restringir el voto por correo.

Los demandantes presentaron dos demandas en las que sostienen que la medida de Trump, destinada a asegurar que únicamente los ciudadanos voten, es inconstitucional. Argumentan que son los estados y el Congreso, no el presidente, quienes tienen la autoridad para definir las reglas electorales. Además, señalaron que la implementación de esta orden podría generar costos adicionales para los funcionarios electorales estatales y generarles temor a ser procesados.

"Esto representaría un cambio radical en la manera en que algunos estados gestionan sus boletas", afirmó Michael Cohen, abogado que representa a California. Agregó que "sería difícil exagerar la disrupción que esto causaría".

La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) también ha calificado la orden como "un intento peligroso de privar del derecho al voto a electores habilitados en todo el país". Según el grupo, la orden convierte al Servicio Postal en un árbitro de quién puede emitir un voto por correo.

En la audiencia, que se llevó a cabo menos de una semana después de que otro juez se negara a frenar la orden, el juez de distrito Carl Nichols, designado por Trump, argumentó que era prematuro bloquear la orden porque aún no ha sido implementada.

El gobierno de Trump, en su defensa, sostiene que los demandantes carecen de legitimación para presentar sus reclamos y que estos son prematuros. También argumentó que no hay base legal para los reclamos bajo la Ley de Procedimiento Administrativo, que regula cómo las agencias federales elaboran y emiten reglamentos.

El abogado del gobierno, Stephen Pezzi, señaló que los perjuicios mencionados por los demandantes son subjetivos y que es posible que se produzcan cambios antes de que la lista de votantes se finalice. Además, aseguró que no habrá procesamiento de quienes violen la orden ejecutiva.

Por su parte, Lou Capozzi, procurador general adjunto de Missouri, quien habló en nombre de los estados que apoyan la lista, afirmó que es muy pronto para determinar cómo se utilizará, pero que es "poco probable" que se elimine a algún votante del padrón este año.

La jueza de distrito Indira Talwani ha dejado bajo consideración las mociones para frenar la orden, así como las mociones para desestimar los casos.

Durante los alegatos, Talwani expresó su preocupación sobre si el sistema federal estaría preparado para las próximas elecciones y sobre los riesgos que enfrentarían los trabajadores electorales que dependen de una lista estatal diferente a la federal. También cuestionó la confiabilidad de una lista federal, señalando que podría excluir a mujeres que cambian su apellido tras el matrimonio o a personas que se mudan de estado.

Trump emitió la orden en marzo, tras el estancamiento de un proyecto de ley que apoyaba para reformar el sistema de votación en el Congreso. La medida haría que el gobierno federal creara una lista de votantes elegibles y ordenara al Servicio Postal entregar boletas por correo solo a quienes figuren en dicha lista. Funcionarios electorales han advertido que esto podría causar caos y el sindicato postal se opone a que los carteros supervisen las boletas.

El Servicio Postal ha publicado en el Registro Federal una norma propuesta que exige la implementación de la orden ejecutiva de Trump. Sin embargo, esta norma no se aplicaría a las elecciones primarias ni a las boletas del extranjero.

Desde su derrota en las elecciones presidenciales de 2020 ante el demócrata Joe Biden, Trump ha alegado sin fundamentos que el voto por correo está lleno de fraude y ha promovido una investigación federal sobre la votación de ese año, aunque auditorías e investigaciones, incluidas algunas dirigidas por republicanos, han concluido que no hubo fraude generalizado. Trump también ha manifestado su deseo de "tomar el control" de la administración electoral en zonas demócratas.

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