¿Quién es el expresidente Álvaro Uribe y cómo su condena impacta a la política en Colombia?

BOGOTÁ (AP) — Álvaro Uribe Vélez fue el primer expresidente en ser condenado en Colombia por los delitos de fraude procesal y soborno a testigos en un fallo de primera instancia que de inmediato generó un pulso político entre seguidores y detractores.

El expresidente insistió en su inocencia y advirtió que se trató de una “persecución política”. Su defensa anunció que apelará la sentencia en un tribunal.

¿Cuál es su trayectoria?

Uribe, un político conservador de 73 años, gobernó dos periodos seguidos entre 2002 y 2010 bajo la bandera de la “seguridad democrática”, una política para fortalecer a las Fuerzas Armadas y combatir con mano dura a grupos ilegales, sobre todo de izquierda, como la guerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), que firmaron un acuerdo de paz en 2016. En su gobierno, logró desmovilizar a los paramilitares a cambio de beneficios penales.

Su política de seguridad fue defendida por quienes consideraron que fue vital para disminuir la violencia armada y recuperar el control estatal; o atacada por quienes aseguraron que permitió graves violaciones de derechos humanos como los llamados “falsos positivos”, ejecuciones extrajudiciales de civiles presentados falsamente por militares como guerrilleros muertos en combate.

Uribe, hijo de un ganadero que fue asesinado por una guerrilla, estudió abogacía y se afilió al Partido Liberal. Comenzó su carrera en el Estado en una empresa pública de Medellín, su ciudad natal, y avanzó hasta ser director de la Aeronáutica Civil.

En cargos de elección popular, fue concejal de Medellín, gobernador de Antioquia y senador. Se desligó del Partido Liberal y lanzó su candidatura presidencial con ideas más conservadoras, logrando ser elegido en 2002 y terminando su primer periodo con un alto índice de popularidad, lo que le permitió ser reelegido. Tras su mandato, fundó el partido Centro Democrático.

¿Por qué fue condenado?

Una jueza concluyó que Uribe instigó a un abogado para que ofreciera beneficios jurídicos o dinero a tres testigos para que mintieran o cambiaran su versión y negaran cualquier presunto vínculo de Uribe con grupos paramilitares. Esos testimonios fueron presentados a tribunales, lo que según la magistrada fue un intento de engañar a la justicia.

El caso se originó en 2012 por una demanda por difamación interpuesta por Uribe contra el senador de izquierda Iván Cepeda, quien había denunciado públicamente que un exparamilitar decía tener pruebas de que Uribe estaba relacionado con un grupo armado. Sin embargo, en 2018, la Corte Suprema desestimó la demanda contra Cepeda y abrió una causa contra Uribe.

Con la manipulación de los testigos, según el fallo del lunes, Uribe pretendió que acusaran falsamente a Cepeda de ofrecerles beneficios para que testificaran contra Uribe. Así, Uribe fue condenado en primera instancia por los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal, que pueden implicar una pena de hasta 12 años de prisión. Al mismo tiempo, fue absuelto del delito de soborno en el episodio de una exfiscal condenada por corrupción, porque no se probó que Uribe hubiera intentado sobornarla para que declarara a su favor.

El impacto político interno y externo

El expresidente continuó generando una marcada admiración entre una parte de la población y un fuerte rechazo en otra, por lo que el fallo en su contra avivó esas pasiones. La víspera, cuando se emitió el fallo, un reducido grupo de críticos y seguidores confrontaron en las afueras del juzgado.

Desde el uribismo, se descalificó el fallo por considerarlo una “persecución política”. La posición del exmandatario recibió el respaldo del secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, quien aseguró que se trata de una “instrumentalización del Poder Judicial”.

Para Javier Garay, doctor en Ciencia Política y docente de la Universidad Externado de Colombia, el pronunciamiento de Rubio llegó justo en un momento de tensiones diplomáticas con el gobierno estadounidense. Considera que hay riesgo de que desde Estados Unidos se equipare el caso colombiano con el del expresidente brasileño derechista Jair Bolsonaro, acusado de planear un golpe de Estado.

También está en juego el papel que tendrá Uribe y su proceso judicial en las elecciones legislativas y presidenciales de 2026. La izquierda habla de la posibilidad de una candidatura presidencial del senador Cepeda, mientras que otros dicen que el uribismo puede fortalecerse.

No obstante, analistas coinciden en que no está garantizado que la condena en primera instancia tenga un efecto notorios en las elecciones, porque consideran que jugarán muchos más elementos como el desempeño del actual presidente Gustavo Petro. Para Yann Basset, profesor de Ciencia Política de la Universidad del Rosario, Cepeda podría ganar visibilidad, en un contexto en el que no hay un candidato claro de la izquierda. Mientras que dentro del uribismo, la figura del expresidente aún es clave en el inicio de la campaña, por lo que varios aspirantes quieren ganar su beneplácito.

A largo plazo, tendrá que verse el impacto que tenga la condena en su contra. Uribe ha dicho que ha afectado su imagen pública. “Es un asunto simbólico importante que viene a poner una mancha al legado de Uribe, aunque no es el principal objeto de polémica el tema de los sobornos a testigos. Es algo relativamente periférico en relación con otras polémicas en torno a él como los “falsos positivos”, aseguró a la AP Basset.

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