Más de 20 estados demandan por nuevos aranceles de Trump tras fallo de la Corte Suprema

WASHINGTON — Más de 20 estados presentaron el jueves una demanda buscando anular los nuevos aranceles impuestos por el presidente Donald Trump, después de que la Corte Suprema determinara que los aranceles anteriores eran ilegales.

Los fiscales generales demócratas que lideran la acción legal argumentan que Trump ha sobrepasado sus atribuciones al establecer aranceles del 15% sobre una amplia gama de productos importados. 

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El presidente ha defendido que estos aranceles son cruciales para disminuir los persistentes déficits comerciales de Estados Unidos. La medida fue tomada bajo la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974, luego de que la Corte Suprema anulara aranceles que habían sido impuestos el año anterior bajo una ley de poderes de emergencia.

La Sección 122 permite al presidente imponer aranceles de hasta el 15%, aunque su duración está limitada a cinco meses a menos que el Congreso decida prorrogarla.

La demanda es liderada por fiscales generales de Oregon, Arizona, California y Nueva York. Estos estados sostienen que la Sección 122 solo puede ser utilizada en circunstancias específicas y que no otorga a Trump la autoridad para aplicar impuestos generalizados a las importaciones. Además, argumentan que los aranceles aumentarán los costos para los estados, las empresas y los consumidores.

Varios de estos estados ya habían demandado con éxito por aranceles previos impuestos por Trump bajo una legislación diferente, la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA, por su sigla en inglés).

Trump invocó la Sección 122 apenas cuatro días después de que la Corte Suprema anuló sus aranceles anteriores bajo la IEEPA el 20 de febrero, que establecían un gravamen del 10% a productos extranjeros. El secretario del Tesoro, Scott Bessant, anunció el miércoles que el gobierno elevaría los aranceles al límite del 15% esta semana.

Los estados y otros críticos sostienen que el presidente no puede utilizar la Sección 122 como un sustituto para los aranceles previamente invalidados, argumentando que no aborda adecuadamente los déficits comerciales.

La disposición de la Sección 122 fue diseñada para abordar "problemas fundamentales de pagos internacionales", pero la controversia radica en si incluye los déficits comerciales, que son la diferencia entre lo que Estados Unidos vende a otros países y lo que importa.

La Sección 122 fue creada en respuesta a las crisis financieras de las décadas de 1960 y 1970, cuando el valor del dólar estadounidense estaba vinculado al oro. Sin embargo, dado que el dólar ya no está atado al oro, muchos críticos argumentan que esta sección ha quedado obsoleta.

Curiosamente, el propio Departamento de Justicia de Trump argumentó en un documento judicial el año pasado que el presidente necesitaba invocar la ley de poderes de emergencia porque la Sección 122 "no tenía ninguna aplicación evidente" para combatir los déficits comerciales, que describió como "conceptualmente distintos" de los problemas de balanza de pagos.

A pesar de esto, algunos analistas legales creen que el gobierno de Trump puede tener un caso más sólido esta vez. Peter Harrell, investigador visitante en el Instituto de Derecho Económico Internacional de la Universidad de Georgetown, escribió que es probable que los tribunales brinden a Trump una mayor deferencia en relación a la Sección 122 en comparación con sus aranceles anteriores bajo la IEEPA.

El tribunal especializado de Comercio Internacional en Nueva York, que revisará la demanda de los estados, ya había señalado el año pasado que Trump no necesitaba los poderes de emergencia porque la Sección 122 estaba disponible para abordar los déficits comerciales.

Las empresas que pagaron aranceles bajo esta ley recibieron una victoria judicial el miércoles, cuando un juez determinó que tienen derecho a reembolsos.

Trump tiene otras facultades legales que podría utilizar para imponer aranceles, algunas de las cuales han sido respaldadas en los tribunales. Los gravámenes que Trump aplicó a las importaciones chinas durante su primer mandato bajo la Sección 301 de la misma ley comercial de 1974 continúan vigentes.

Además de los estados mencionados, se han sumado a la demanda los fiscales generales de Colorado, Connecticut, Delaware, Illinois, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Nevada, Nueva Jersey, Nuevo México, Carolina del Norte, Rhode Island, Vermont, Virginia, Washington y Wisconsin, así como los gobernadores de Kentucky y Pensilvania.

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