La Ley de Amnistía en Venezuela genera escepticismo entre defensores de derechos humanos

CARACAS — La Ley de Amnistía promovida por el gobierno de Venezuela para facilitar la liberación de prisioneros políticos ha despertado desconfianza en diversas organizaciones de derechos humanos. Estas agrupaciones demandan la liberación inmediata de todos los detenidos por motivos políticos, independientemente de si son beneficiarios de esta nueva legislación.

En una conferencia de prensa, los grupos humanitarios también exigieron la disolución de "el sistema represivo" que ha llevado a estas encarcelaciones. Según Alfredo Romero, presidente del Foro Penal, una de las organizaciones más reconocidas del país en la defensa de derechos humanos, "la amnistía es un instrumento muy pequeño, con muchas restricciones, pero es un logro". Sin embargo, enfatizó que no se puede lograr la reconciliación nacional sin la liberación de todos los presos políticos.

La ley fue sancionada el pasado jueves, apenas 20 días después de que Delcy Rodríguez, presidenta encargada, la presentara como una medida para mejorar la convivencia en el país. Rodríguez asumió el cargo el 5 de enero, poco después de la captura y traslado del expresidente Nicolás Maduro y su esposa a Nueva York para enfrentar cargos federales.

La mandataria ha manifestado su esperanza de que esta ley ayude a sanar las heridas dejadas por la prolongada confrontación política que comenzó con la llegada al poder del fallecido Hugo Chávez en 1999.

A pesar de que el gobierno niega la existencia de "presos políticos" y acusa a los detenidos de conspirar, Romero sostiene que "el problema de los presos políticos existe y persiste; la Ley de Amnistía no lo resuelve". Este contexto se agrava al señalar que hay más de 11,000 personas con restricciones a su libertad, muchas de ellas mayores de 70 años, a pesar de que la ley contempla medidas de libertad basadas en principios humanitarios.

Los activistas advierten que el futuro de muchos beneficiarios de la amnistía está en riesgo debido a la persecución política, ya que la ley está sujeta a una "excesiva discrecionalidad". Se cuestiona también que sean los mismos jueces y fiscales que han emitido acusaciones injustas quienes interpreten la ley para otorgar beneficios, en lugar de designar jueces ad hoc.

La norma se aplicará a líderes opositores, sindicalistas, activistas de derechos humanos, estudiantes, académicos y periodistas que han estado detenidos por motivos políticos. Sin embargo, excluye a aquellos condenados por homicidio, tráfico de drogas, violaciones graves de derechos humanos y rebelión militar, lo que deja fuera a cientos de detenidos.

La ley se aplicará a quienes fueron arrestados durante los mandatos de Chávez y Maduro, en 12 momentos específicos, lo que limita el alcance de su aplicación. Organizaciones como Human Rights Watch han denunciado la falta de independencia judicial en Venezuela durante años.

Romero enfatizó que, mientras no haya cambios en el sistema judicial, la amenaza de encarcelamiento persiste incluso para aquellos que sean amnistiados. La ONG Justicia, Encuentro y Perdón (JEP) también ha expresado su preocupación, señalando que la ley resulta revictimizante y excluyente, y que la liberación de todos los presos políticos depende de una genuina voluntad política.

En respuesta a las críticas, Rodríguez solicitó que se revise con urgencia los casos no contemplados en la ley para fomentar la convivencia democrática y la justicia. La Asamblea unicameral aprobó la ley por unanimidad, y esta entrará en vigor tras su publicación en la Gaceta Oficial.

El gobierno había anunciado en enero que liberaría a un número significativo de prisioneros. Aunque se reportó la liberación de casi 900 reclusos desde diciembre, el Foro Penal documentó hasta el miércoles la liberación de 448 personas por motivos políticos.

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