Inminente cierre de centro de detención de inmigrantes en Florida tras fallo judicial

ORLANDO, Florida, EE.UU. — La posibilidad de que se cierre un polémico centro de detención de inmigrantes en Florida se ha vuelto inminente, luego de que el caso volviera a la jurisdicción de una jueza que anteriormente había ordenado su clausura, según informan grupos ambientalistas.

Un tribunal federal de apelaciones había decidido el mes pasado mantener temporalmente abierto el centro de detención conocido como "Alcatraz Con Caimanes", bloqueando una decisión previa de un tribunal inferior que requería una reducción gradual de sus operaciones. Sin embargo, el caso ahora ha sido devuelto a la jueza que tiene la jurisdicción sobre la demanda, en medio de un litigio continuo sobre el futuro de la instalación.

"Con el regreso de la misma jueza que previamente prohibió su funcionamiento, los demandados están, en la práctica, levantando la bandera blanca", afirmó Paul Schwiep, abogado de los grupos ambientalistas que interpusieron la demanda, argumentando que la construcción de la instalación no cumplió con la revisión ambiental necesaria.

Cuando fue consultado sobre el futuro de la instalación estatal y sus costos, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, indicó que no había recibido ninguna "notificación oficial" sobre un cese en el envío de detenidos al centro por parte de las autoridades federales.

Sin embargo, proveedores que apoyan y operan la instalación han sido informados de que el cierre podría ocurrir tan pronto como el próximo mes, según reportes de New York Times y CBS News Miami.

El Departamento de Manejo de Emergencias de Florida, que opera el centro, no respondió a una consulta enviada por correo electrónico. La secretaria de prensa del gobernador, Molly Best, redirigió las preguntas sobre la instalación a la agencia estatal de manejo de emergencias.

DeSantis comentó el miércoles en una conferencia de prensa en Titusville, Florida, que "no construimos ninguna instalación permanente allí porque sabíamos que iba a ser temporal".

La administración de DeSantis inauguró la instalación el pasado julio para apoyar la campaña de deportaciones masivas del gobierno del entonces presidente Donald Trump, quien visitó el centro en ese verano. Un abogado que representa a dos detenidos ha denunciado abusos en el lugar, incluyendo golpizas y el uso de gas irritante. Otros detenidos han reportado problemas como comida infestada de gusanos, inodoros que no funcionan y la presencia de mosquitos y otros insectos.

La representante Debbie Wasserman Schultz, demócrata de Florida, criticó la instalación, describiéndola como "un monumento a la crueldad, el despilfarro y el abuso de tierras ambientales y tribales que nunca debió haberse construido".

Friends of the Everglades y el Center for Biological Diversity demandaron a funcionarios estatales y federales poco después de que se abriera la instalación, argumentando que el sitio, que era una pista de aterrizaje en los Everglades, no había recibido la revisión ambiental requerida por la ley federal antes de ser convertido en centro de detención. La jueza federal Kathleen Williams, en Miami, estuvo de acuerdo y ordenó en agosto que la instalación debía reducir sus operaciones en un plazo de dos meses.

El tribunal de apelaciones bloqueó esta orden, señalando que la instalación no estaba bajo control federal y, por lo tanto, no estaba sujeta a la ley que exige una revisión de impacto ambiental.

No obstante, el tribunal dejó en claro que, una vez que Florida reciba el reembolso federal por la instalación, deberá cumplir con la ley ambiental federal, como lo señaló Schwiep.

DeSantis afirmó el martes que el estado espera ser reembolsado por el gobierno federal con 608 millones de dólares, un monto que ya fue aprobado por la agencia federal de emergencias. "No hay negociaciones sobre eso", aseguró.

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