Corte de apelaciones respalda la detención de inmigrantes sin derecho a fianza

El gobierno del presidente Donald Trump ha recibido un respaldo legal significativo al poder continuar con la detención de inmigrantes sin la posibilidad de acceder a fianza. Esta decisión representa un avance importante para la agenda federal de inmigración y contrarresta varias resoluciones recientes de tribunales inferiores que consideraban dicha práctica como ilegal.

El panel de jueces del Tribunal de Apelaciones del 5to Circuito emitió su fallo el viernes por la noche, determinando que la decisión del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de no otorgar audiencias de fianza a inmigrantes arrestados en el país es compatible con la constitución y la normativa federal de inmigración.

La jueza de circuito Edith H. Jones, quien redactó la opinión mayoritaria de 2 a 1, argumentó que el gobierno interpretó correctamente la Ley de Inmigración y Nacionalidad, afirmando que "los extranjeros no admitidos aprehendidos en cualquier lugar de Estados Unidos no son elegibles para ser liberados bajo fianza, independientemente de cuánto tiempo hayan residido dentro de Estados Unidos".

En administraciones anteriores, la mayoría de los no ciudadanos sin antecedentes penales que eran arrestados lejos de la frontera tenían la oportunidad de solicitar una audiencia de fianza mientras sus casos se tramitaban en el tribunal de inmigración. Históricamente, la fianza se concedía a aquellos sin condenas penales que no presentaban un riesgo de fuga, limitando la detención obligatoria a quienes habían cruzado la frontera recientemente.

"Que las administraciones anteriores decidieran usar menos que su plena autoridad de aplicación bajo" la ley "no significa que carecieran de la autoridad para hacer más", escribió Jones.

Los demandantes en dos casos separados, presentados el año pasado contra el gobierno de Trump, eran ciudadanos mexicanos que habían vivido en Estados Unidos por más de diez años y no presentaban un riesgo de fuga, según sus abogados. Ambos estuvieron encarcelados durante meses el año pasado antes de que un tribunal inferior en Texas les otorgara la fianza en octubre.

En julio, la Casa Blanca de Trump retrocedió en la política anterior, favoreciendo la detención obligatoria y revirtiendo casi tres décadas de precedentes establecidos por administraciones tanto demócratas como republicanas.

El fallo también contradice una decisión emitida en noviembre por un tribunal de distrito de California, que había otorgado a los inmigrantes detenidos sin antecedentes penales la oportunidad de solicitar una audiencia de fianza, afectando a no ciudadanos detenidos en todo el país.

La jueza de circuito Dana M. Douglas fue la única disidente en la decisión del viernes. Ella expresó que los miembros del congreso que aprobaron la ley se sorprenderían al saber que también exigía la detención sin fianza de dos millones de personas, incluyendo a muchos que son "cónyuges, madres, padres y abuelos de ciudadanos estadounidenses".

Douglas continuó argumentando que el gobierno federal estaba anulando el proceso legislativo con la nueva política de detención de inmigración del DHS, que niega la fianza a los inmigrantes detenidos. "Debido a que rechazaría la invitación del gobierno a aprobar su legislación propuesta por decreto ejecutivo, disiento", escribió.

La secretaria de Justicia de Estados Unidos, Pam Bondi, celebró la decisión como "un importante golpe contra los jueces activistas que han socavado nuestros esfuerzos para hacer que Estados Unidos sea seguro nuevamente en cada paso". Bondi agregó: "Seguiremos reivindicando la agenda de ley y orden del presidente Trump en los tribunales de todo el país".

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