Corea del Sur se compromete a mejorar recursos legales para adoptados y víctimas de abusos

GWACHEON, Corea del Sur — En un significativo giro hacia la justicia, el ministro de Justicia de Corea del Sur, Jung Sung-ho, ha prometido facilitar el acceso a recursos judiciales para aquellos que han sufrido abusos por parte del Estado. Esta medida incluye a los adoptados extranjeros que fueron víctimas de un sistema de adopciones fraudulentas durante los regímenes militares anteriores.

Durante una mesa redonda con periodistas, Jung describió las adopciones del pasado como equivalentes a "tráfico forzado de menores". Además, se comprometió a que el gobierno evitará apelar en gran medida los fallos en los casos presentados por las víctimas que buscan compensación por irregularidades cometidas por el Estado.

Desde el relanzamiento de una comisión de esclarecimiento en febrero, cientos de adoptados coreanos en Occidente han solicitado la investigación de sus casos. La anterior Comisión de la Verdad y la Reconciliación había determinado que el gobierno era responsable de un programa de adopciones que estuvo marcado por fraudes y mala conducta, impulsado por la necesidad de reducir costos en bienestar social.

Algunos adoptados esperan que los hallazgos de la comisión les brinden una base legal para demandar al gobierno o a las agencias de adopción por daños. Sin embargo, las víctimas de otros abusos han enfrentado largos procesos legales, ya que el Estado ha apelado fallos favorables, argumentando la expiración de los plazos de prescripción.

En octubre, el presidente Lee Jae Myung ofreció disculpas por los problemas de adopción del pasado, y Jung indicó que el gobierno está dispuesto a acelerar la compensación para las víctimas cuyos casos sean verificados por la comisión.

Una nueva ley, en vigor desde febrero, permite a las víctimas demandar por daños hasta tres años después de que hayan vencido los plazos de prescripción. El ministerio de Jung anunció que dejará de utilizar defensas basadas en límites de tiempo en más de 800 casos. Se prevé que este enfoque se extienda a las demandas de los adoptados.

"Una vez que la comisión de la verdad establezca los hechos, cooperaremos para garantizar un avance rápido en el proceso", afirmó Jung.

Algunos adoptados, como Yooree Kim, quien fue enviada a Francia en 1984 sin el consentimiento de sus padres biológicos y sufrió maltrato, han solicitado compensación. Sin embargo, aunque el Ministerio de Justicia debería decidir sobre estas solicitudes en un plazo de cuatro semanas, no ha tomado decisiones durante más de seis meses.

Jung se comprometió a que los funcionarios aborden estos retrasos, aunque no ve la necesidad de crear un nuevo proceso para acelerar las compensaciones, como han solicitado algunos defensores.

Desde la década de 1970 hasta inicios de 2000, Corea del Sur envió miles de niños al extranjero, alcanzando un pico de más de 6.000 adopciones anuales en la década de 1980. Este sistema fue parte de un enfoque del gobierno militar que buscaba reducir el crecimiento poblacional.

Las conclusiones de la anterior comisión coincidieron con investigaciones previas que demostraron cómo el gobierno, junto con agencias de adopción, facilitó la salida de aproximadamente 200.000 niños, a menudo mediante prácticas corruptas.

Además, Jung abordó otros temas críticos, como la trata de personas y el abuso de trabajadores migrantes, reafirmando el compromiso del gobierno de intensificar los esfuerzos para combatir estos problemas.

"No podemos vigilar cada rincón del sector privado, pero creo que somos capaces de supervisar estos asuntos con mayor rigor que casi cualquier otro país", concluyó Jung.

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