Corea del Sur lanza nueva comisión para investigar fraudes en adopciones

SEÚL, Corea del Sur — El país ha reactivado una comisión destinada a esclarecer las violaciones de derechos humanos del pasado, enfocándose en el fraude y las irregularidades que afectaron su programa de adopciones internacionales. La Comisión de la Verdad y la Reconciliación, que marca su tercera edición en la historia de Corea del Sur, comenzó a recibir nuevos casos desde el jueves, luego de que la anterior finalizara su mandato en noviembre con más de 2.100 denuncias pendientes.

La nueva comisión asumirá estos casos, incluyendo 311 solicitudes de adoptados coreanos en Occidente que fueron postergadas o no tratadas adecuadamente por la segunda comisión, que detuvo su investigación en abril del año pasado debido a disputas internas sobre la validez de ciertos casos.

Los defensores de derechos humanos han indicado que el interés por parte de los adoptados es significativamente mayor en esta ocasión, con cientos de solicitudes de investigación, especialmente de aquellos residentes en Estados Unidos, quienes no habían estado adecuadamente representados en la indagación anterior, a pesar de que los padres estadounidenses fueron los principales receptores de niños coreanos en las últimas siete décadas.

Sin embargo, investigadores que formaron parte de la comisión anterior advirtieron que podría llevar varios meses, posiblemente hasta mayo o junio, antes de que las nuevas indagaciones realmente comiencen. El gobierno aún no ha nombrado a un presidente para liderar la comisión, y no se han formado equipos de investigación, por lo que inicialmente será gestionada por funcionarios públicos encargados de recibir y registrar los casos.

La nueva comisión, establecida bajo una ley aprobada en enero que amplía su mandato de investigación, también abordará otros abusos de derechos humanos atribuidos al gobierno, como asesinatos de civiles durante la Guerra de Corea (1950-53), represión durante las dictaduras militares de las décadas de 1960 a 1980, y abusos en centros de bienestar a lo largo de los años.

Las solicitudes de investigación deberán ser presentadas hasta el 25 de febrero de 2028, aunque la comisión tiene la potestad de extender el plazo y el mandato hasta cinco años adicionales. Los adoptados también podrán presentar sus solicitudes en las embajadas o consulados surcoreanos en los países donde residen.

Desde la década de 1970 hasta principios de 2000, Corea del Sur envió miles de niños al extranjero, alcanzando un pico de más de 6.000 al año en la década de 1980. En ese entonces, el país estaba bajo un régimen militar que consideraba el crecimiento poblacional como una amenaza a sus objetivos económicos y trataba las adopciones como un medio para reducir la carga alimentaria.

La suspensión de la investigación anterior en 2025 siguió a una revisión de casi tres años que abarcó casos en Europa, Estados Unidos y Australia, durante la cual se confirmaron violaciones de derechos humanos en solo 56 de las 367 denuncias presentadas por adoptados. No obstante, la comisión anterior emitió un informe provisional que determinó que el gobierno era responsable de un programa de adopciones internacionales plagado de fraudes y abusos.

Investigaciones previas realizadas por The Associated Press, en colaboración con Frontline (PBS), revelaron cómo el gobierno surcoreano y las agencias de adopción trabajaron conjuntamente para entregar aproximadamente 200.000 niños a padres en el extranjero, a pesar de la evidencia de que muchos fueron obtenidos mediante prácticas corruptas o ilegales.

Durante el auge de las adopciones en las décadas de 1970 y 1980, miles de niños fueron registrados como abandonados para cumplir con las leyes occidentales, aunque muchos tenían familiares conocidos. Las agencias de adopción pagaban a hospitales y orfanatos por niños, y en ocasiones alteraban las identidades de los menores para continuar con las adopciones cuando surgían complicaciones.

El informe de la comisión anterior motivó una disculpa del presidente surcoreano Lee Jae Myung en octubre, y su gobierno anunció planes para eliminar gradualmente las adopciones internacionales del país para 2029. Este anuncio llegó en un contexto donde investigadores de derechos humanos de la ONU expresaron su preocupación por la falta de esclarecimiento y reparaciones por violaciones relacionadas con adopciones pasadas.

Boonyoung Han, un activista adoptado y colíder del Danish Korean Rights Group, que lideró muchas de las solicitudes ante la comisión anterior, indicó que su grupo presentó más de 300 casos ante la nueva comisión. Una vez que se organicen los equipos de investigación, estas solicitudes serán revisadas antes de que la comisión decida si procederá con las indagaciones, junto con los 311 casos heredados.

Investigadores de la comisión anterior enfatizan que una revisión exhaustiva de los problemas sistémicos requerirá un análisis más detallado de las adopciones hacia Estados Unidos, donde las brechas de ciudadanía han suscitado inquietudes, especialmente en un momento en que el presidente estadounidense Donald Trump impulsa políticas de deportación más estrictas. Hasta ahora, los adoptados en Estados Unidos representaron solo 45 de las denuncias recibidas por la segunda comisión.

Algunos adoptados buscan utilizar las conclusiones de la nueva comisión para presentar demandas contra el gobierno surcoreano o sus agencias de adopción, lo que sería complicado debido a que la ley surcoreana coloca la carga de la prueba en los demandantes. Sin embargo, la nueva ley otorga a la tercera comisión poderes de investigación más robustos, incluyendo la facultad de solicitar órdenes de registro a través de fiscales en caso de que personas o instituciones se nieguen a colaborar.

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