Qué le hace una extravagancia más a Córdoba

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Por Adrián Simioni

En Córdoba, la legisladora Alejandra Ferrero, presidenta del bloque de Juntos por el Cambio, presentó un proyecto de ley que, a primera vista, parece una solución empática, pero no tarda en revelar su carácter extravagante. 

La propuesta busca que el Banco de Córdoba otorgue créditos a tasa preferencial a las víctimas de la estafa de Márquez y Asociados, una constructora que, según estimaciones, dejó a unas 27.000 personas sin sus ahorros. 

Un caso grave, sin duda, con cinco detenidos y una investigación en curso que apunta a un fraude con todas las letras.

La iniciativa de Ferrero, aunque bienintencionada, cae en lo que podríamos llamar un "buenismo selectivo". ¿Por qué el Banco de Córdoba debería subsidiar créditos solo para estas víctimas y no para otras?

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Pensemos en los estafados por casos como el de Cositorto en Villa María, o en aquellos que, de manera individual, confiaron sus ahorros a un amigo que nunca los devolvió. ¿Y qué hay de las víctimas de otros delitos, como una familia que pierde a su sostén económico por un crimen? ¿Acaso no merecen también un alivio financiero? La lógica de la propuesta se tambalea: el Estado no puede asumir el rol de aseguradora universal para cada desgracia, porque, sencillamente, sería insostenible.

Esta medida, además, refleja una visión distorsionada del rol del Estado. En lugar de atacar las causas estructurales que permiten estos fraudes, se opta por un parche que suena bien en los titulares, pero que no resuelve el problema de fondo. 

Si los legisladores realmente quieren proteger a los ciudadanos, podrían enfocarse en medidas preventivas y estructurales. Por ejemplo, crear una superintendencia que registre y supervise a los desarrolladores inmobiliarios, verificando su solvencia, trayectoria y requisitos de capital, como la titularidad de tierras que respalden sus proyectos. 

Esto no se trata de sumar trabas burocráticas, sino de otorgar certezas a los consumidores, como un sello de calidad que diferencie a las empresas serias de las dudosas.

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Otro camino sería revitalizar el sistema de crédito hipotecario, destruido por décadas de inflación. Los bancos, al intervenir en estas operaciones, ofrecen garantías y seguros que protegen al comprador. 

Reducir impuestos municipales o ingresos brutos sobre los créditos, fomentar sistemas de seguros para desarrollos inmobiliarios o promover la educación financiera para que los ciudadanos no caigan en promesas imposibles (¿12% mensual en dólares? ¿Una casa “re barata” con crédito “re barato”?) serían medidas mucho más efectivas. La educación financiera, en particular, es clave: nadie debería caer en esquemas que, con un mínimo de sentido crítico, son evidentes fraudes.

Sin embargo, en lugar de abordar estas cuestiones, se propone una solución que, en el fondo, huele a demagogia. Es fácil ganar aplausos ofreciendo ayuda a un grupo visible de víctimas, pero ¿Qué pasa con el resto? ¿Y qué pasa con el sistema que sigue permitiendo estos desastres? 

La iniciativa de Ferrero, aunque pueda parecer noble, no ataca las raíces del problema y, peor aún, arriesga sentar un precedente peligroso: que el Estado debe rescatar selectivamente a algunos, mientras otros quedan a la deriva.

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