Ese raro país en el que los jueces ignoran a la Corte Suprema

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Por Adrián Simioni

Hay días en los que la Argentina parece empeñada en confirmar su propia excepcionalidad. Ayer fue uno de esos. En un evento empresario, el presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, tuvo que hacer algo tan insólito como elemental: recordarles a los jueces que los fallos del máximo tribunal están para cumplirse.

Sí, algo que en cualquier sistema jurídico más o menos ordenado sería obvio, acá necesita ser dicho en voz alta. Y no como una aclaración académica, sino casi como un tirón de orejas. Porque el problema no es teórico: es práctico, cotidiano y, sobre todo, cada vez más frecuente.

La lógica del sistema es clara. La Corte Suprema es la última intérprete de la ley. Su jurisprudencia no es un consejo, ni una sugerencia, ni una opinión calificada: es el criterio que debe ordenar al resto del sistema judicial. De lo contrario, todo se vuelve arbitrario. Y eso es exactamente lo que está pasando.

Hoy hay jueces de primera instancia y cámaras que actúan como si fueran “electrones libres”. Fallan como quieren, incluso en temas donde la Corte ya se pronunció de manera explícita. No es que estén innovando ante un vacío legal o una situación inédita. Es peor: están ignorando deliberadamente lo que ya está resuelto.

El caso de los intereses en indemnizaciones laborales es un ejemplo repetido. La Corte fija un criterio, lo reitera, revoca fallos que se apartan… y aun así, algunos tribunales inferiores siguen dictando sentencias en sentido contrario. Como si nada. Como si el sistema no tuviera jerarquías.

Esto no es un detalle técnico. Tiene consecuencias concretas. Primero, rompe la economía procesal: todo termina escalando a la Corte, que se ve obligada a intervenir una y otra vez en cuestiones ya saldadas. Segundo, genera incertidumbre. ¿Cuál es la ley en Argentina si su interpretación cambia según el juez que te toque?

La inseguridad jurídica no nace solo de malas leyes. También nace de jueces que deciden no aplicarlas de manera consistente. Y en ese terreno, el daño es profundo: afecta contratos, inversiones, relaciones laborales y la vida cotidiana de cualquier ciudadano que depende de una decisión judicial.

Hay, además, un problema todavía más delicado: la tentación de fallar con criterio ideológico previo. El ejemplo reciente de la cautelar que suspendió artículos de la reforma laboral es ilustrativo. Un juez que primero invalida un conjunto de normas y luego, sobre una de ellas, decide que sí debe aplicarse porque “beneficia al trabajador” está, en los hechos, tomando partido.

Pero ese no es el rol de un juez. No está para defender sectores —ni trabajadores ni empresas— sino para aplicar la ley en cada caso concreto. Cuando un magistrado decide de antemano a quién favorecer, el sistema deja de ser justicia y pasa a ser militancia con toga.

Por eso resulta tan llamativo —y preocupante— que haya sido necesario este recordatorio público desde la propia Corte. Como si el máximo tribunal estuviera enfrentando una suerte de estado de rebeldía silenciosa dentro del Poder Judicial.

El resultado es un país donde las reglas existen, pero su aplicación es incierta. Donde hay leyes, pero no siempre hay criterios estables para interpretarlas. Y donde, paradójicamente, la institución encargada de ordenar el sistema tiene que salir a pedir que la escuchen.

En ese contexto, la extravagancia deja de ser una anécdota y se convierte en un problema estructural. Porque un país donde cada juez puede hacer lo que quiere no es solo caótico: es imprevisible. Y en la Argentina, la imprevisibilidad ya no sorprende. Pero sigue costando demasiado.

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