La candidata presidencial de Juntos por el Cambio (JxC), Patricia Bullrich, propuso modificar el Código Penal para que puedan grabarse las conversaciones de las personas privadas de la libertad, incluso las que mantengan con sus abogados defensores, lo que generó el rechazo de distintos dirigentes.
Desde Unión por la Patria y La Libertad Avanza advirtieron su "desconocimiento" en materia de derecho, al sostener que se trata de una propuesta que va en contra de derechos consagrados por la Constitución Nacional.
En una entrevista al canal Neura Media publicada el martes, la exministra de seguridad propuso grabar las conversaciones de los presos, incluso cuando estén conversando con sus abogados defensores, y dijo que prevé "poner en el Código Penal" esa iniciativa. "Lo puedo grabar, tenerlo como elemento de prueba. Puedo no escucharlo y tenerlo como un sistema de protección a esa comunicación", añadió Bullrich durante la entrevista.
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Al respecto, el abogado y profesor de Derecho Penal, Facundo Pérez Lloveras, dijo a Cadena 3 que la propuesta es "inaplicable" por violar las garantías constitucionales y que debe establecerse si las normativas entran en conflicto o no con la Constitución Nacional.
"En este caso, se advierte una contradicción de esta propuesta legislativa, en contra de principios constitucionales expresamente consagrados en la Carta Magna y en pactos internacionales que Argentina suscribe y se debe comprometer, como el derecho a la privacidad y el derecho a la defensa en juicio", explicó el abogado.
Advirtió que la propuesta de Bullrich atenta contra la intimidad y que existen otros instrumentos de control en las cárceles para resguardar a los presos. En ese sentido, dijo que todas las personas tienen derecho a tener comunicaciones privadas y eso solo puede afectado por una causa legítima determinada y debe ser ordenada por un juez.
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"Bullrich quiere intervenir comunicaciones 'por las dudas' y eso es lo que vulnera el derecho a la intimidad, no se puede admitir. Eso es inaceptable porque nuestro derecho a la intimidad es fundamental, reconocido con la Constitución Nacional y los pactos internacionales. A su vez, se viola el derecho de defensa y juicio, del que derivan las conversaciones entre el cliente y el abogado, que deben comunicarse libremente, sin intromisión y sin censura", precisó.
En esa línea, recordó los casos de escuchas telefónicas que tuvo Argentina en los últimos 10 años. "En los medios se reproducen escuchas de personas que fueron ordenadas por jueces y que se filtraron. Las conversaciones no deben ser expuestas por un juez ni operador del sistema político ni judicial. Desde toda perspectiva, la propuesta de Bullrich es inaplicable por violar las garantías constitucionales".
Y añadió: "No es arbitrario ni violatorio en la Constitución Nacional que a una persona privada de la libertad se le restrinja su derecho a comunicarse con el exterior, siempre y cuando no sea absoluto, como lo es tener un teléfono celular en su poder. En la práctica, las personas privadas de su libertad no deben tener acceso a los medios de comunicación".
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Pérez Lloveras también explicó que los abogados tienen amparado el derecho de acudir a las cárceles y hablar con las personas que están privadas de su libertad. Pero advirtió: "Los establecimientos penitenciarios terminan siendo un caldo de cultivo para la comisión de delitos. Como política de seguridad, lo mínimo que se puede hacer es que los presos puedan comunicarse con el exterior de forma libre".
"Los ciudadanos debemos entender que estamos protegidos por la Constitución Nacional, que nos confiere derechos. A nadie le gusta que alguien se entrometa en nuestras conversaciones. Esos derechos solo pueden afectarse cuando ocurre un caso muy puntual y cuando exista una necesidad concreta para avanzar más allá de esas posibilidades", finalizó.
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Entrevista de "Siempre Juntos".
