Un nuevo embargo judicial millonario en Estados Unidos complica a Argentina
Un grupo de acreedores ejecutó el embargo de 209 millones de dólares tras la sentencia adversa en el juicio por bonos emitidos a principios de los 90 y defaulteados en 2001.
18/03/2025 | 21:48Redacción Cadena 3
Argentina experimentó un nuevo revés judicial en Estados Unidos, donde un grupo de acreedores llevó a cabo un embargo por 209 millones de dólares. Este embargo se produjo tras una sentencia adversa en el juicio relacionado con bonos emitidos a principios de los años 90, que habían sido defaulteados en 2001.
La jueza Loretta Preska aprobó la ejecución de activos estatales argentinos después de que, en enero, la Corte Suprema de EE.UU. rechazara la apelación del país. En consecuencia, el fondo Attestor Master Value anunció que había tomado posesión de estos activos como compensación por la deuda impaga.
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El embargo se aplicó a fondos depositados en la Reserva Federal de Nueva York, que correspondían al colateral de los Bonos Brady, los cuales vencieron en 2023 tras haber caído en default en 2001. Sebastián Maril, analista y especialista en litigios contra el Estado argentino, explicó en la red social X que la decisión de Preska se basó en la imposibilidad del país de revertir el fallo adverso en instancias superiores.
Attestor forma parte de un grupo de ocho fondos que aún cuentan con fallos favorables impagos, acumulando un total de 460 millones de dólares. Con la ejecución de estos 209 millones, el saldo pendiente por este litigio se redujo a 251 millones de dólares.
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Este caso se suma a otro antecedente reciente. El mes anterior, bonistas que demandaron a Argentina en Londres por el pago del cupón PBI lograron ejecutar una garantía de 325 millones de dólares, que el país había depositado como colateral en su intento por apelar ese fallo.
Por otro lado, Bainbridge Fund, otro acreedor con reclamos similares, intentó integrarse al embargo de los Bonos Brady. Sin embargo, Preska desestimó su solicitud de congelar todos los fondos y solo permitió avanzar sobre 100 millones de dólares.
Con este nuevo golpe judicial, Argentina enfrenta mayores dificultades en su intento por cerrar frentes legales abiertos en el exterior, mientras sigue buscando financiamiento en los mercados internacionales.
