La mentira bajo juramento, pilar de la corrupción

La ausencia del delito de perjurio en la legislación argentina permite que altos funcionarios públicos mientan bajo juramento sin enfrentar consecuencias severas. Esa liviandad normativa, que reduce la mentira jurada al tipo penal de "falso testimonio", se convierte en pilar de la corrupción y erosiona la confianza entre gobernantes y gobernados. Tipificar y penalizar con rigor el perjurio de los funcionarios de alta jerarquía requiere la misma dedicación legislativa que la Argentina le ha dado a otros debates penales urgentes, como la reducción de la edad de imputabilidad.

Mentira: expresión o manifestación contraria a lo que se sabe, se piensa o se siente.

Juramento: afirmación o negación de algo, poniendo por testigo a Dios, o en sí mismo o en sus criaturas.
(Diccionario de la Real Academia Española).

Las relaciones sociales requieren, para su perdurabilidad, previsibilidad certera en las conductas personales. Esto se traduce conceptualmente en la confianza. Confiar en otros es dar por sabidas de antemano sus reacciones y comportamientos ante distintas y particulares situaciones. La confianza es el hilo con el que se construye el tejido social.

La mentira destruye las relaciones personales y, en consecuencia, dificulta la convivencia social por el imperio de la desconfianza.

Las primeras convenciones que se establecieron para construir comunidades en la historia de la humanidad dan cuenta de la aversión a la mentira. Una prueba de ello la encontramos en las tablas de Moisés, en las que, mencionado como el octavo mandamiento, aparece como ley y uno de los mandatos supremos: "No darás falso testimonio ni mentirás".

Dadas las graves consecuencias de la mentira y con el propósito de aventarla, apareció la institución del juramento, y detrás del mismo, la configuración delictual de su violación y la asignación de sus correspondientes penas condenatorias. En muchos países la mentira bajo juramento configura el grave delito de "perjurio", al que le corresponden severas penas.

¿Qué pasa en nuestro país? El delito de "perjurio" no está tipificado. La mentira bajo juramento configura el delito de "falso testimonio", aplicable en el ámbito de las actuaciones judiciales (para testigos, peritos e intérpretes) y en el ámbito de los funcionarios públicos de alta jerarquía.

Desde esta misma columna, semana atrás, señalamos la conveniencia de que las DDJJ de los funcionarios deberían presentarse antes de la oficialización de las candidaturas o de la jura de cargos. La realidad nos obliga a volver sobre el tema.

En el caso de los funcionarios de alta jerarquía, la normativa vigente tiene una tremenda liviandad, cuestión que derivamos de la fundada sospecha de que hay abogados que asesoran a sus clientes diciéndoles que pueden jugar tranquilos la carta de "confesión de parte" cuando se trata del delito de "falso testimonio" devenido de la mentira bajo juramento. Esto es muy grave.

Urge que la dirigencia política tome conciencia del déficit normativo que tenemos en materia de perjurio cometido por altos funcionarios. Llama la atención la falta de voces promoviendo proyectos de leyes al respecto.

La mentira bajo juramento livianamente tipificada y penalizada es un pilar de la corrupción, mal que corroe la confianza entre gobernantes y gobernados, nos hace impredecibles y, por lo tanto, no merecedores de confianza a la hora de requerir inversiones que permitan nuestro crecimiento y, tras ello, el bienestar de nuestro pueblo.

Poco tiempo atrás asistimos a una dura discusión en relación con la reducción de la edad de imputabilidad penal de los menores. Penalizar severamente el perjurio amerita igual dedicación que ese tema.

Cuando los abogados aconsejan confesar la mentira bajo juramento porque "por ahí zafamos", nos están gritando en la cara que las normas y procedimientos aplicables a tal delito no son merecedores de respeto, y por ende, son inútiles.

En un ámbito político donde sancionar una "ley de ficha limpia" es dificultoso, debemos advertir que también son necesarias otras normas básicas que ayuden a extirpar la corrupción.

No nos merecemos un país en donde en los más altos niveles del poder se pueda mentir bajo juramento, sin graves consecuencias. Quitarle importancia y bajarle el precio a la solemne mentira tiene un costo social incalculable: es disgregador.

Por favor, que los que pueden y deben actúen pronto en el fondo de esta cuestión en beneficio del buen futuro de todos los argentinos, más allá de las circunstanciales especulaciones de poder.

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