Qué hay detrás de la prohibición a los periodistas de ingresar a la Casa Rosada

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Por Sergio Suppo

La decisión del Gobierno de limitar el acceso de periodistas a la sala de prensa de la Casa Rosada no es un hecho aislado ni una reacción circunstancial. Tampoco alcanza con explicarla desde un episodio puntual —una supuesta irregularidad en el comportamiento de algunos colegas— que, en cualquier caso, difícilmente justifique una medida de alcance general. Lo que hay detrás es algo más estructural: una política deliberada de confrontación.

No se trata de defender errores individuales. Nadie puede avalar que se vulneren normas, ni en espacios públicos ni en ámbitos institucionales. Pero la respuesta oficial no apunta a corregir una conducta, sino a establecer un mensaje más amplio. El conflicto con el periodismo no es una consecuencia, es un recurso.

El Gobierno parece haber decidido que la tensión permanente es una herramienta eficaz de construcción política. Si el adversario circunstancial fueran otros sectores —por ejemplo, trabajadores del transporte o cualquier otro actor social—, probablemente el tono y la intensidad de los cuestionamientos se trasladarían hacia allí. Pero en este caso el foco está puesto en el periodismo, un actor históricamente incómodo para cualquier poder.

La novedad no es el conflicto, que siempre existió, sino su intensidad y sistematicidad. El Presidente llevó esa tensión a un nivel inédito en términos discursivos. Basta observar su actividad en redes sociales: miles de publicaciones, con una proporción significativa dedicada a descalificar a periodistas y medios. No se trata de episodios aislados, sino de una línea constante.

Este esquema no es original ni improvisado. Responde a un libreto ya ensayado por otros liderazgos contemporáneos, donde la confrontación con determinados sectores —entre ellos, la prensa— funciona como un mecanismo para consolidar apoyo político. La lógica es simple: polarizar, identificar adversarios y reforzar una narrativa que interpela a una parte de la sociedad.

En ese contexto, la restricción al trabajo periodístico en la sede del Poder Ejecutivo adquiere otro significado. No es solo una medida administrativa. Es un gesto político que tensiona un principio básico de las democracias: la posibilidad de que la prensa acceda, pregunte y observe de manera directa el funcionamiento del poder.

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La comparación internacional no es un detalle menor. Los países donde no existen salas de prensa abiertas en las casas de gobierno suelen ser aquellos donde la libertad de expresión está limitada o directamente restringida. No es un modelo que Argentina haya adoptado históricamente, ni uno que deba naturalizarse.

Ahora bien, también es cierto que este tipo de estrategias no define, por sí sola, el destino de un gobierno. La evaluación social suele pasar por otros carriles: la economía, la gestión, la ética pública. Allí es donde se construyen o se erosionan los respaldos políticos de fondo.

Pero eso no vuelve irrelevante el tema. Porque en el camino se pone en juego algo más que una disputa sectorial. Se tensiona la relación entre poder y control, entre gobierno y opinión pública. Y, en última instancia, se pone a prueba la solidez de un principio que no pertenece a los periodistas, sino a la sociedad en su conjunto: el derecho a estar informada.

Un registro a septiembre del año pasado indica que Milei utilizó en redes sociales 644 veces la palabra "ensobrado" para hablar de los periodistas; 904 veces la palabra "mandril" para hablar de distintos periodistas. También usó otras palabras como "mierda", "puta", "inmunda", "rata", "rata inmunda", "basura inmunda" como una conjugación de términos. 

De 17.000 tweets en lo que va de la presidencia de Milei, el 15% fueron en contra de periodistas o en contra de medios periodísticos. Sesenta y dos periodistas concentran la mayoría de esos insultos.

La libertad de expresión no necesita defensores corporativos, pero sí condiciones mínimas para ejercerse. Entre ellas, el acceso a los ámbitos donde se toman decisiones. Cuando eso se restringe, no es solo el periodismo el que pierde espacio. Es la ciudadanía la que ve reducido su margen de conocimiento sobre quienes gobiernan.

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