Tribunales Federales: fiscales denuncian que Sánchez Torres presionó a testigos

Por Juan Federico

“Los episodios señalados conforman un cuadro de riesgo procesal que habilitaría la inmediata detención para cualquier imputado sin privilegios constitucionales. Sin embargo (…), la ley de fueros 25.320 impide privar de libertad a los magistrados con inmunidades. No pudiendo ser detenido en este momento el imputado que entorpece la investigación y los fines del proceso, corresponde la aplicación de otras medidas que, si bien pueden resultar menos efectivas para neutralizar los peligros, podrían ser útiles y pertinentes para morigerarlo y proteger al testigo en riesgo.”

En un escrito de sólo dos páginas, la semana pasada los fiscales Pablo Turano y Maximiliano Hairabedian volvieron a sacudir la torre de los Tribunales Federales de Córdoba.

Le solicitaron al juez Alejandro Sánchez Freytes que arbitre medidas inmediatas para proteger al testigo Francisco Juárez Rouviere, secretario penal de la Cámara Federal de Apelaciones, tras denunciar “graves actos de presión, manipulación e interferencias indebidas desplegadas por el imputado Abel Sánchez Torres en el curso de este proceso”.

Se trata de la investigación que tiene a la cúpula de la Cámara Federal de Apelaciones bajo la lupa, sospechada de fraguar la integración de las salas para intervenir en determinadas causas. 

De manera paralela, ambos fiscales también le solicitaron al juez Sánchez Freytes investigar la evolución patrimonial de Sánchez Torres, por lo que se abrió otro expediente.

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A comienzos de abril último, los fiscales federales Turano (especialista en Penal Económico, de la Procuración General de la Nación) y Hairabedian (a cargo de la fiscalía del Tribunal Oral 1 de Córdoba) imputaron a las máximas autoridades de la Justicia Federal de Córdoba por haber, presuntamente, manipulado las integraciones de las sala A y B de la Cámara Federal de Apelaciones para intervenir en una causa por evasión tributaria contra gerentes de la cerealera Bunge.

La denuncia fue realizada por una secretaria, Celina Laje Anaya, que mencionó tanto las presuntas irregularidades en la conformación del tribunal como supuestos episodios de maltrato laboral del cual habría sido víctima.

Allí sostiene que los magistrados y secretarios habrían articulado movimientos internos para asignarse causas de “relevancia económica”.

La maniobra, siempre de acuerdo a la denuncia, habría consistido en alterar la integración de las salas, aprovechando la falta de dos jueces naturales en el tribunal y el sistema rotativo para el tercer voto, lo que facilitaba la intervención directa de los imputados en resoluciones de expedientes sensibles, especialmente del sector agroindustrial.

Ante esto, la Procuración General de la Nación ordenó a los fiscales Turano y Hairabedian que investigaran juntos.

El miércoles 1° de abril, presentaron la promoción penal contra Sánchez Torres (vicepresidente de la Cámara Federal), Graciela Montesi (presidente y pareja de Sánchez Torres) y los secretarios Mario Olmedo y Gustavo Flores.

La acusación formal hacia los imputados incluye abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público, falsedad ideológica y coacción.

A partir de entonces, los Tribunales Federales de Córdoba ingresaron en un terreno de máxima tensión.

Sánchez Torres, que en su momento nombró al penalista Carlos Nayi como defensor, amplió el staff de abogados que lo representan, contratando al estudio de José Ignacio Cafferata Nores.

Sánchez Freytes llamó a todos los imputados a declaración indagatoria. Y, además, comenzó a convocar a los testigos, para ampliar sus testimonios. Por lógica, la gran mayoría de ellos corresponde al mismo ámbito laboral de los Tribunales Federales.

De acuerdo al escrito que ahora presentaron los fiscales acusadores, “durante la declaración testimonial prestada el 30 de abril pasado por Francisco Juárez Rouviere, secretario penal de la Cámara Federal de Apelaciones, surgió que el denunciado (en referencia a Sánchez Torres) desplegó una serie de conductas indebidas, tales como: presión al testigo para que en su declaración hiciera manifestaciones en contra de la denunciante Celina Laje Anaya; intento de manipulación del sorteo de los jueces de Cámara que debían integral el tribunal de Alzada en su propia causa; instigación al secretario de Cámara para que elabore con fines probatorios certificados que distorsionan la realidad; solicitud de información sobre la tramitación del proceso previa a la indagatoria; intentos de que el secretario influyera sobre jueces que salieron sorteados para integrar la Cámara Federal de Apelaciones en autos”.

“Por otra parte, en la misma declaración, el testigo expresó el miedo que siente por el denunciado, más aún después de haber hecho esas revelaciones, lo cual es fácilmente entendible si se tiene en cuenta que trabaja bajo la inmediata dependencia y órdenes del imputado”, ampliaron los fiscales.

Ante esto, Turano y Hairabedian le solicitaron al juez Sánchez Freytes que le ordene a Sánchez Torres que se abstenga de tener contacto directo con Juárez Rouviere y que evite interferir en la causa, valiéndose de su condición de magistrado por fuera de las facultades y canales legales que la ley le asigna a los imputados.

Al mismo tiempo, los fiscales le solicitaron al juez Sánchez Freytes que comunique al Consejo de la Magistratura de la Nación “la delicada y grave situación planteada a fin de que ese órgano pueda adoptar las medidas necesarias de su incumbencia que sirvan para garantizar la protección de los testigos de la causa y el normal desarrollo de este proceso”.

La delicada situación en los Tribunales Federales ocurre en medio de un contexto complejo. Actualmente, están abiertos los concursos para ocupar las dos vacantes en la Cámara Federal de Apelaciones (en reemplazo de Luis Rueda –fallecido en 2021- e Ignacio Vélez Funes –renunció en 2023-) y el lugar que dejó en 2023 el frente del Juzgado Federal N° 1 el jubilado juez federal Ricardo Bustos Fierro. Se trata de un lugar estratégico, ya que tiene competencia electoral.

En estos tres concursos aparecen anotados jueces y fiscales de los fueros federales y provinciales, además de abogados particulares con fuerte presencia en los Tribunales Federales.

Todos estos concursos son seguidos con suma atención por el poder político, tanto provincial como nacional.

En total, son ocho las vacantes abiertas en los Tribunales Federales de Córdoba, ya que también hay lugares libres en los tres tribunales orales, y en los juzgados de Villa María y San Francisco.

En el fuero provincial, también quedó vacante un cargo clave: el Juzgado Electoral, luego de la jubilación de la jueza Marta Vidal, quien estuvo al frente de la organización de las elecciones locales durante casi tres décadas.

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