En vivo

Viva la Radio

Raúl y Geo

Argentina

En vivo

Estadio 3

Claudio y Marcelo

Rosario

En vivo

Viva la Radio Santa Fe

Pipy Rivero

Santa Fe

En vivo

Horario corrido

Flavia Dellamaggiore

En vivo

Los Populares

Colorete Gianola

En vivo

Lista manija

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Sociedad

Libertad bajo caución de un millón de dólares para ex directivos de Vicentin

La medida fue duramente crítica con el accionar de la Fiscalía, a la que el camarista Gustavo Salvador acusó de haber vulnerado garantías constitucionales en su accionar.   

13/06/2025 | 19:13Redacción Cadena 3 Rosario

FOTO: Omar Scarel, detenido junto a otros ex directivos de Vicentin, liberados bajo caución

FOTO: Vicentin y un nuevo conflicto.

FOTO: Vicentin anunció un plan de pago para saldar deudas salariales de febrero.

En un giro clave en la causa por la quiebra de Vicentin, el camarista Gustavo Salvador resolvió otorgar la libertad bajo caución de un millón de dólares a cada uno de los exdirectivos Daniel Buyatti, Alberto Macua, Roberto Gazze y Omar Scarel, implicados en el proceso judicial que investiga un presunto fraude millonario.

La medida fue duramente crítica con el accionar de la Fiscalía, a la que el magistrado acusó de haber vulnerado garantías constitucionales en su accionar. La resolución del juez Salvador advierte que la prueba obtenida sobre los honorarios legales pagados a los abogados defensores carece de validez, por haber sido obtenida “en violación de las garantías”.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

En particular, apuntó contra los fiscales Miguel Moreno y Sebastián Narvaja, responsables de la investigación, por haber accedido a información confidencial sin autorización judicial previa.

Denuncia y críticas

El abogado defensor Jorge Ilharrescondo calificó de “grosera violación de las garantías constitucionales” la revelación de los honorarios que, según la acusación, fueron financiados con fondos que debían estar bajo custodia judicial. En declaraciones radiales a Cadena 3 Rosario, el letrado argumentó que los imputados “tendrían que haber pagado su defensa con su propio bolsillo”, y acusó a la Fiscalía de haber puesto en peligro el derecho a la defensa y el ejercicio libre de la profesión.

Durante la audiencia, Ilharrescondo presentó un dictamen jurídico que respalda su denuncia, señalando que la exposición de estos honorarios compromete seriamente la legalidad del proceso. También criticó el método utilizado por los fiscales para acceder a esa información: en lugar de recurrir a un allanamiento con orden judicial, enviaron un requerimiento formal a la AFIP, algo que, según el defensor, “constituye un desborde institucional”.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

La decisión del camarista podría abrir un precedente en cuanto al uso y admisibilidad de pruebas obtenidas sin garantías legales básicas, además de generar un fuerte impacto en la causa Vicentin, una de las más importantes en materia económica y judicial en la historia reciente del país.

Causa emblemática

La causa judicial investiga el colapso financiero de la cerealera Vicentin, declarada en cesación de pagos en diciembre de 2019. Según la acusación del Ministerio Público Fiscal, la caída de la empresa no fue producto de una crisis repentina, sino de un plan deliberado desarrollado por una presunta organización criminal que habría manipulado balances, simulado operaciones y desviado fondos hacia empresas vinculadas.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Los fiscales sostienen que el grupo ocultó durante años la verdadera situación económica de la empresa, engañando a bancos y productores agropecuarios que operaban con la firma bajo la modalidad “a fijar precio”. El endeudamiento masivo y la falta de transparencia, según la acusación, fueron claves para llevar a la firma al concurso de acreedores y al posterior default.

En diciembre de 2023, la Fiscalía pidió la apertura de juicio y solicitó penas de entre 3 y 17 años de prisión para una docena de exdirectivos y colaboradores de la firma, entre ellos Buyatti, Macua, Gazze y Scarel. También fueron acusados ejecutivos de empresas vinculadas, auditores de la consultora KPMG y los síndicos del concurso. 

Lo más visto

Sociedad

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho