En el hospital, contó una tremenda historia de explotación sexual

Por Juan Federico

El profesionalismo de una médica del Hospital de Urgencias, de la ciudad de Córdoba, terminó por ser clave para que una joven se animara a denunciar lo que ahora se investiga como una tremenda historia de explotación sexual, según se presume.

Todo comenzo a descubrirse este sábado, cuando una mujer joven llegó a la guardia del Urgencias acompañada por un hombre que no se separaba de ella. 

Ella decía estar descompensada, que acababa de desmayarse. 

Al ser ingresada en el consultorio, él pidió estar presente, pero la médica se negó. Insistó y no está del todo claro si incluso llegó a ofrecer alguna compensación. Pero lo concreto es los guardias intervinieron y se quedó del lado de afuera.

La paciente ingresó sola y fue entonces que ella le dijo a la médica que era víctima de una prolongada historia de explotación sexual. Que casi no comía y que el explotador era su propia pareja, el hombre que la había llevado hasta el hospital. 

Incluso, agregó la joven, si bien ella no se sentía bien, había fingido el desmayo para tener la oportunidad de poder ver a alguien a solas y así poder contarle su calvario.

Dijo que era explotada desde hacía meses y que para evitar que huyera o denunciara, la habían amenazado con hacerle daño a sus hijos. Y, contó también, que tiempo atrás le habían quemado el auto a una expareja de ella.

Todo esto ahora se está intentando corroborar a nivel judicial.

Pero había más. Los médicos forenses que la revisarían luego constatarían que la joven cursa un embarazo de dos meses.

Ese mismo día, en el Polo de la Mujer, donde fue trasladada, ella contó que el padre del bebé que está gestando sería su pareja.

Ante esto, la fiscalía de Delitos Sexuales de turno giró el expediente al Fuero de Violencia Familiar. La causa recayó en la fiscalía de Gonzalo Berrotarán Romano.

Esto es lo que figura en una incipiente investigación judicial que el mismo sábado dejó detenido a quien sería la pareja de la joven, un hombre con fuertes vínculos con la noche de Córdoba.

De acuerdo a lo que indicaron fuentes judiciales y policiales consultadas por Cadena 3, se trata de Julio Manuel Páez, quien supo tener notoriedad pública como mano derecha de los hermanos Roberto y Carlos Moyano, exintegrantes de la banda de cuarteto Los Chicos Orly y dueños del ex-Rapoza, un local que se convirtió en un controvertido emblema de la ciudad.

Los hermano Moyano hace 20 años que son noticia recurrentes en el ámbito judicial. La casona donde supo funcionar Rapoza, camino al aeropuerto, fue objeto de múltiples allanamientos y clausuras, pero siempre volvía a reabrir sus puertas. 

En agosto de 2009, el fiscal Rubén Caro, hoy jubilado, ordenó detener a Carlos y Roberto Moyano, y al encargado de tres boliches que en ese entonces explotaban, Jorge Waidman, por el delito de facilitación a la prostitución de menores de edad.

Una adolescente de 16 años, oriunda de Bolivia, había sido detectada en uno de los boliches. Según la acusación, supuestamente era explotada sexualmente.

Sin embargo, dos meses después, el entonces juez de Control Roberto Cornejo revocó la prisión preventiva de los tres imputados y ordenó liberarlos bajo fianza. Los Moyano esgrimieron que la jovencita los había “engañado” con un documento falso.

Tres años después, entró en vigencia la ley provincial que prohibía las whiskerías y los cabarés, por lo que muchos presumieron que Rapoza iba a cerrar. Pero nunca sucedió.

A través de llamativos permisos municipales, que autorizaban al local a funcionar como un bar que expendía café a la madrugada, continuó abierto. 

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Los operativos grandilocuentes también comenzaron a reproducirse. En distintas oportunidades, la Policía realizaba despliegues importantes y terminaba por llevarse demorada a toda la gente que encontraba en el interior de la casona, durante la madrugada cuando ya había vencido el horario municipal para la diversión nocturna.

Pero de fondo, no existía ninguna investigación judicial seria. Todo se reducía a meras contravenciones.

Rapoza continuaba funcionando, mientras la Provincia y la Municipalidad se echaban culpas de manera mutua.

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Hasta que en julio de 2018, la antigua casona fue epicentro de un escándalo político. Los dueños del local grabaron una supuesta cámara oculta en la que se veía al padre del entonces secretario de Seguridad de Córdoba, Diego Hak, Ricardo “Coco” Hak (un antiguo puntero del PJ) negociando una presunta coima.

Las explicaciones públicas del funcionario público, que dijo que era objeto de una "cama", no alcanzaron para evitar que fuera eyectado del cargo. 

Diego Hak terminó en el obstracismo político, aunque hoy figura al frente de la Subsecretaría de Relaciones Institucionales del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

Tras difundirse aquella supuesta cámara oculta con el padre de Hak, hubo denuncias cruzadas en Tribunales entre el funcionario y los Moyano. Causas que nunca llegaron a nada concreto.

En aquel momento, Roberto Moyano y quien figuraba como su mano derecha, Julio Manuel Páez, viajaron a Uruguay y solicitaron ser recibidos como "refugiados", ya que aseguraban que en Córdoba habían recibido amenazas de muerte tras la difusión de las imágenes del padre de Hak.

Fue la primera vez que de manera pública Páez apareció asociado a los Moyano.

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Diego Hak, en tanto, los denunciaba por supuesta "extorsión". Aseguró que desde principios de la década de 2000 funcionaba en Córdoba una "banda integrada por empresarios de la noche y abogados conocidos” que extorsionaban a políticos.

Lo concreto es que pronto se fue apagando el ruido alrededor de estas denuncias cruzadas y los "refugiados" regresaron a Córdoba. La vieja casona de Rapoza fue demolida, pero no así los negocios de los Moyano.

Durante un tiempo, explotaron un after que funcionaba en una casa quinta ubicada en la zona norte de la ciudad, hasta que reabrieron otros locales en el Centro y en la calle Alem.

En diciembre pasado, los after "Club Ibiza" (Sucre 173 ) y “Delirios” (Alem 461) fueron clausurados en medio de un pomposo operativo conjunto entre la Policía de Córdoba, con el Ministerio de Seguridad, y la Municipalidad. En ese momento, sólo se les labró un acta administrativa por infringir los horarios de funcionamiento y por tener a menor de 18 años entre los clientes.

"Club Ibiza" fue otra vez clausurado el 19 de abril último, ya que había reabierto sus puertas. En el lugar se detectó violación de clausura y reincidencia, “con graves transgresiones a las medidas de seguridad edilicias, ocasionando importante riesgo sobre las personas asistentes”, según indicaron tras el procedimiento en conjunto entre el Ministerio de Seguridad, la Policía y la Municipalidad.

En ambos procedimientos los policías de Investigaciones no detectaron que hubiese mujeres explotadas sexualmente en ese lugar, de acuerdo a lo que surge de las actas. Tampoco hubo una pesquisa sobre la presunta venta de sustancias prohibidas. 

Antes del primer operativo en diciembre, hubo otro allanamiento que se frustó de manera sugestiva. Cuando en plena madrugada un nutrido grupo de policías y municipales se estaba dirigiendo hacia esos locales, de manera imprevista los dueños dieron por terminada la noche y cerraron las puertas al público. Cuando llegaron a ejecutar el procedimiento, ya no encontraron a nadie.

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