Idas y vueltas con las Siras y los vueltos
23/04/2026 | 11:15Redacción Cadena 3
FOTO: Habrían detectado coimas para importar durante el gobierno de Alberto Fernández.
Por estos días, mientras avanzan investigaciones judiciales, vuelven a tomar fuerza viejas sospechas sobre cómo funcionó el sistema de administración de divisas durante el último gobierno kirchnerista. Lo que durante años fue “vox populi” empieza a asomar, lentamente, en expedientes y trascendidos.
El eje está en las SIRA, el mecanismo que regulaba las importaciones en un contexto de escasez de dólares y cepo cambiario. En los papeles, la lógica era clara: priorizar el uso de divisas para la producción y evitar su fuga hacia consumos considerados no esenciales. En la práctica, según distintas versiones que ahora analiza la Justicia, el sistema habría abierto la puerta a discrecionalidad, intermediación y posibles retornos.
El esquema era, en apariencia, simple. Una empresa que necesitaba importar debía gestionar la autorización estatal para acceder a dólares al tipo de cambio oficial —muy por debajo del paralelo—. Para ello, debía atravesar un circuito en el que intervenían funcionarios y, según se denuncia, también consultoras “especializadas” en destrabar permisos. Si la autorización llegaba, el negocio podía resultar altamente rentable: importar a un dólar oficial —por ejemplo, a 300 pesos— y vender en un mercado cuyos precios se referenciaban, en mayor o menor medida, al dólar blue, que podía triplicar ese valor.
En ese margen, según estas sospechas, se habría instalado un sistema de “peajes” informales o “diezmos” para acceder a los permisos. Nada de esto era formal ni transparente, pero sí, según distintos testimonios, ampliamente comentado en el mundo empresario.
El otro circuito bajo la lupa es el de las llamadas “manos amigas”. En momentos de tensión cambiaria, cuando el dólar paralelo se disparaba, aparecían operadores que ofrecían divisas en el mercado informal para contener la suba. La versión que ahora intenta reconstruir la Justicia es que algunos de esos dólares habrían tenido origen en el circuito oficial, sin siquiera simular operaciones de importación. Es decir, dólares obtenidos a valor oficial que terminaban vendidos directamente en el mercado blue, con ganancias extraordinarias.
Ambos mecanismos —las SIRA y las “manos amigas”— tendrían un denominador común: solo eran posibles en un sistema de fuerte control cambiario. El cepo, diseñado para administrar la escasez, habría generado también incentivos para la arbitrariedad y, eventualmente, para la corrupción.
Las cifras en juego no son menores. En años recientes, las importaciones argentinas rondaron los 60.000 a 70.000 millones de dólares anuales. En ese volumen, cualquier distorsión en la asignación de divisas puede traducirse en montos significativos.
Sin embargo, la discusión de fondo excede los casos puntuales. Hay una dimensión más estructural: el modelo económico que hizo posible este entramado. La combinación de emisión monetaria elevada, controles cambiarios estrictos y discrecionalidad en la asignación de recursos configura, para algunos analistas, un esquema propenso a abusos.
Desde esta mirada, la “corrupción original” no estaría solo en los eventuales desvíos, sino en la lógica que habilita al Estado a concentrar el manejo de la moneda y las divisas sin contrapesos efectivos. La emisión sin respaldo, orientada a financiar gasto público, es vista como un mecanismo que distorsiona precios, erosiona el valor del dinero y abre espacios para prácticas opacas.
En ese punto, el rol del Banco Central aparece como clave. En muchos países, su autonomía es un resguardo institucional para evitar que la política de corto plazo domine la gestión monetaria. En Argentina, en cambio, esa independencia ha sido históricamente débil. Desde la década del '90, sostienen algunas voces críticas, los titulares de la entidad han respondido en mayor o menor medida al Poder Ejecutivo de turno.
Esto no es un detalle menor. El Banco Central administra un bien sensible: el valor de la moneda. También toma decisiones complejas, como intervenir en crisis financieras o regular el mercado cambiario, que pueden implicar costos en el corto plazo. Esa combinación de poder y discrecionalidad exige, en teoría, altos estándares técnicos e institucionales.
La investigación en curso —impulsada por el fiscal federal Carlos Stornelli y con medidas que incluyen análisis de comunicaciones— enfrenta, sin embargo, un desafío central: probar mecanismos que, de haber existido, habrían operado en zonas grises del sistema. El propio funcionamiento del Banco Central, donde algunas decisiones pueden implicar pérdidas justificadas por objetivos mayores, vuelve más difícil distinguir entre política económica y conducta ilícita.
Mientras tanto, el debate vuelve al punto de partida: cómo administrar la escasez sin generar distorsiones mayores. Las SIRA, el cepo y las “manos amigas” no son solo capítulos de una posible investigación judicial, sino también síntomas de un problema más amplio: la tensión permanente entre control estatal y transparencia en el manejo de recursos que, en definitiva, pertenecen a toda la sociedad.
