El ministro de Economía de la Nación, Martín Guzmán, podría haber firmado el acuerdo con el FMI en el último trimestre del 2020, en plena pandemia, pero no lo hizo porque carecía de respaldo político.
Ahora, busca destrabar la negociación pero tiene como contraparte a una Kristalina Georgieva con menos margen de maniobra, sin espacio para nuevos pasos en falso luego de que casi es despedida del organismo multilateral.
Esa es la lectura que están haciendo los inversores y hombres de negocios, preocupados ante la posibilidad de que el Gobierno deba aceptar una devaluación desordenada, ante la caída de reservas que sufre el Banco Central.
Un informe que circuló esta semana, donde se advierte que las reservas líquidas perforaron el riesgoso piso de los 1.000 millones de dólares, encendió más alarmas.
También generó confusión en las principales centrales empresariales la reacción triunfalista del presidente Alberto Fernández ante lo que hace una semana fue una derrota electoral.
Parte del riesgo de una devaluación desordenada que temen en el sector privado se explica por la decisión de emergencia tomada por el Banco Central el día después de los comicios.
Dejó de intervenir vendiendo bonos en el segmento de dólares financieros, para retener las pocas reservas que quedan, lo cual explica que el contado con liqui se haya disparado por encima del blue.
Quienes tomar decisiones claves para el año próximo atraviesan momentos de confusión, y aguardan señales más contundentes de parte de la Casa Rosada, pero también de Cristina Kirchner.
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Guzmán busca bajar los niveles de incertidumbre y con ese objetivo salió a asegurar que todo el Frente de Todos -Cristina incluida- respaldan su plan de negociación con el FMI.
El problema es que por ahora ese programa se desconoce y los pocos detalles que trascendieron indican que prevé una reducción progresiva del déficit fiscal, en buena medida apalancada por el crecimiento esperado de la economía.
Sobre la base de ese objetivo el ministro de Economía confía en obtener señales con vistas a un acuerdo antes de fin de año.
Cree que así obtendrá el oxígeno necesario para equilibrar el mercado cambiario.
Pero en el FMI parecen desconfiar de tanto optimismo, y se preguntan si existe un plan cierto y con respaldo para reducir la brecha cambiaria, que supera el 100%.
Como sea, la fecha límite se mantiene en marzo próximo, cuando se acabarán todas las palabras, porque la Argentina ya no tendría dólares para afrontar vencimientos impostergables tanto con el Fondo como con el Club de París.
El Fondo Monetario tampoco puede darse el lujo de que la Argentina caiga definitivamente en default, cuando tiene otorgados al país 44.000 millones de dólares, el mayor préstamo de la historia, razonan cerca del Palacio de Hacienda.
Igual, le pide a Guzmán reducir la proyección del desequilibrio fiscal para el 2022.
El ministro promete bajarlo a alrededor del 3,3% del Producto Bruto y mantener un sendero descendente en los próximos años, pero el Fondo quiere que lo reduzca al 2,5%.
Y no sólo eso: reclama que el acuerdo tenga un amplio respaldo político y social, con el objetivo de que la oposición se comprometa a cumplirlo en caso de recuperar la Presidencia en el 2023.
La Argentina apuesta a sellar un acuerdo de Facilidades Extendidas, que le permitiría no tener que desembolsar plata fresca hasta el 2025.
Esos cuatro años de gracia serían claves, razonan en el Ejecutivo, para consolidar la recuperación económica, engordar las reservas y convencer al mundo de destinar al país sus inversiones.
Uno de los problemas radica en qué reformas estructurales pedirán los principales países miembros del FMI para librar ese nuevo cheque a favor de la Argentina.
Ajuste fiscal, recomposición de reservas y control de la inflación serán tres ejes que dominarán la agenda.
Esas garantías estarán vinculadas con cambios económicos y sociales que necesitarán de un respaldo muy amplio para sostenerse.
Existen fuertes obstáculos para cumplir esos objetivos, empezando por la disparada del gasto social.
El Gobierno ya destina $1.200 millones diarios a los planes sociales, el doble que en enero.
El Ministerio de Desarrollo Social lleva gastados $390.000 millones en programas de asistencia en lo que va del año, y las protestas de organizaciones piqueteras son cada vez más fuertes en reclamo de una ampliación de esos fondos.
Empresarios en alerta
En el congreso siderúrgico de Alacero se escucharon voces de advertencia por parte de los principales hombres de negocios de Argentina, Brasil y México.
El CEO del Grupo Techint, Paolo Rocca, alertó: "No podemos seguir con países donde se aumenta el rol del Estado, es la empresa privada la que construye cadenas de valor, y hay que revalorizar ese rol".
Y lanzó una frase que generó ruido en el ámbito político, cuando alertó que "si no logramos cambiar este cuadro en los próximos diez años, los países de América Latina van a ser ingobernables".
En la Casa Rosada consideraron un exceso las palabras de uno de los empresarios más poderosos de la Argentina, pero tomaron nota de lo que está pensando al menos un sector de peso del establishment.
Tras las elecciones, las tensiones en el mercado no sólo se tradujeron en una fuerte caída de las acciones -sobre todo de empresas argentinas que cotizan en Wall Street- y los bonos.
También hubo una disparada del riesgo país, que arranca la semana en zona de 1.750 puntos.
La Argentina debe pagarle al Fondo Monetario USD 1.900 millones el 22 de diciembre, luego USD 1.000 millones en enero y febrero y, finalmente, USD 2.900 millones el 22 de marzo de 2022.
Son números que le van dando la razón a quienes sostienen que ya no queda mucho más espacio para las palabras.
