Gobierno y universidades acuerdan suba salarial; sigue el conflicto en la Corte

El Gobierno nacional y el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) alcanzaron este martes un acuerdo salarial y presupuestario con el objetivo de descomprimir el conflicto con las universidades públicas, aunque la disputa judicial de fondo continúa abierta en la Corte Suprema.

El entendimiento incluye una recomposición salarial del 24,33% en dos etapas —un 21,33% en julio y un 3% adicional en octubre—, además de medidas complementarias vinculadas al financiamiento educativo y sanitario universitario.

Pese al acuerdo, las autoridades universitarias ratificaron que no retirarán la demanda judicial por la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, sancionada por el Congreso y actualmente frenada en su implementación.

Un acuerdo en dos tramos y con foco en la pérdida acumulada

La propuesta oficial contempla una actualización que busca compensar distintos períodos de atraso salarial. Según los detalles del entendimiento, la recomposición se distribuye entre pérdidas acumuladas en 2024 y 2025, además de la inflación registrada en los primeros meses de 2026.

El esquema acordado también prevé una instancia de revisión paritaria con los gremios docentes y no docentes, en un contexto de fuerte deterioro del poder adquisitivo en el sistema universitario.

Becas y hospitales universitarios, dentro del paquete

Además de la recomposición salarial, el acuerdo incorpora un aumento del 50% en el Programa de Becas Estratégicas Manuel Belgrano, destinado a carreras consideradas prioritarias para el desarrollo productivo y científico del país.

También se incluyó una asignación de $50.000 millones para hospitales universitarios, con el objetivo de reforzar su funcionamiento en medio de las restricciones presupuestarias.

A esto se suma el compromiso oficial de evitar una nueva pérdida salarial frente a la inflación durante 2026, uno de los reclamos centrales de las casas de estudio.

La Ley de Financiamiento, en el centro del conflicto

Aunque el acuerdo representa un alivio parcial para el sistema universitario, el conflicto estructural no está resuelto. Las universidades mantienen su presentación ante la Corte Suprema para exigir la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario.

La norma fue aprobada por el Congreso, pero permanece suspendida por una decisión judicial aún en revisión. La definición final está en manos del máximo tribunal, sin plazos establecidos para su resolución.

Desde el Poder Ejecutivo sostienen que la ley presenta inconsistencias en materia de financiamiento y administración de recursos públicos, mientras que el sistema universitario reclama su plena vigencia.

Tensión latente y reclamo gremial

En paralelo al acuerdo, persiste la desconfianza de los gremios docentes y no docentes, que advierten sobre la falta de garantías en la implementación efectiva de las mejoras salariales.

Distintas organizaciones universitarias mantienen el estado de alerta y continúan con medidas de visibilización del conflicto, a la espera de una definición judicial y de la apertura de paritarias formales que consoliden lo firmado.

Por ahora, el entendimiento entre el Gobierno y las universidades funciona como un puente transitorio en un conflicto que sigue abierto en los tribunales y en la calle.

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