Crisis en la pesca argentina: cierre de plantas y escándalos judiciales en juego

Durante el conflicto en Mar del Plata, la flota pesquera se mantuvo amarrada, lo que llevó a la Iglesia católica a manifestar su preocupación por la situación laboral en el sur del país. La merluza negra, uno de los productos más destacados de la pesca argentina, está en el centro de una disputa legal en los tribunales federales de Comodoro Py. Esta demanda, presentada por una empresa tradicional con el respaldo del abogado Fernando Burlando, acusa al Consejo Federal Pesquero de manejos irregulares en la distribución de las cuotas de pesca.

El juez Ariel Lijo se encuentra al frente de esta investigación y, según fuentes judiciales consultadas por NA, se espera que varios funcionarios del Consejo Federal Pesquero sean llamados a declarar en un futuro cercano.

Los funcionarios denunciados enfrentan cargos por irregularidades en la asignación de cuotas para la pesca de merluza negra entre empresas competidoras. Esta situación en Mar del Plata supera lo coyuntural, puesto que el retroceso en la captura de langostinos tuvo un impacto negativo en el mercado, con valores que cayeron cerca de un 50%.

Frente a esta caída en los precios de los productos del mar, las organizaciones empresariales —Cámara de Armadores de Pesqueros y Congeladores (Capeca), el Consejo de Empresas Pesqueras Argentinas (CEPA) y la Cámara Argentina Patagónica de Industrias Pesqueras (Capip)— comunicaron a NA que “los sindicatos del sector se resisten a revisar el convenio colectivo firmado en 2005, lo que hace que la actividad sea insostenible”.

Se logró un principio de acuerdo entre sindicatos, pero este se enmarca en una conciliación obligatoria impuesta por la Secretaría de Trabajo, permitiendo que el sector fresquero inicie la zafra de langostinos. No obstante, se intensificó el conflicto en el sector congelador, que continuará con los paros, dejando al puerto de Mar del Plata completamente paralizado. Esta situación llevó a la Iglesia a solicitar de forma urgente un diálogo para encontrar una pronta solución.

Mientras tanto, el sector enfrenta pérdidas de aproximadamente 200 millones de dólares en exportaciones, y el Estado nacional dejó de recaudar 15 millones de dólares en derechos relacionados con estas exportaciones. La Iglesia local hizo un llamado a la acción, remarcando que la situación demanda la intervención de las autoridades, ya que está en juego el sustento de muchas familias.

Se citó además a las palabras del Papa Francisco en su Encíclica Laudato Si, que expresa que “el trabajo es parte intrínseca de la existencia humana, y privar a alguien de su trabajo es privarle de su dignidad”.

Situación en las provincias del sur

Aunque el trabajo no escasea, este se concentra en pocas empresas en Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego. La actividad pesquera en el mar argentino opera bajo un sistema de cuotas otorgadas por el Consejo Federal Pesquero, que enfrenta críticas por la falta de transparencia en su distribución, convirtiendo su accionar en objeto de judicialización en dos tribunales federales.

En el mercado pesquero, una especie especial siempre ha destacado: la merluza negra. Por su alta demanda internacional, especialmente en el ámbito gastronómico asiático, han surgido acusaciones entre empresas multinacionales sobre el manejo de su captura, siendo Prodesur S.A. quien reclamó al gobierno del presidente Milei la realización de una audiencia pública.

Pese a este requerimiento, el pedido no fue respondido, lo que derivó en un aumento de tensiones que llevó el caso a los tribunales de Comodoro Py mediante una denuncia penal. Los abogados Fernando Burlando y Juan Tiberio presentaron una denuncia contra miembros del Consejo Federal Pesquero por supuestas coimas relacionadas con la concesión de cuotas de pesca de merluza negra.

La denuncia se basa en un régimen de cuotificación de pesca establecido en 2009, el cual ha sido continuamente criticado por su falta de claridad. En Mar del Plata, un juzgado federal lleva adelante la investigación de la denuncia del ex intendente de General Pueyrredón y actual diputado provincial, Gustavo Pulti, en relación a presuntos actos de corrupción en el organismo pesquero.

“Se han llevado a cabo reuniones entre funcionarios del Gobierno Nacional y empresarios del sector pesquero, en las cuales, supuestamente, se incluyó un pedido específico de 'coima' para favorecer el acceso a la cuota de pesca”.

Asimismo, Prodesur S.A. ha denunciado que se le prohibió el acceso a las concesiones de pesca de merluza negra como resultado de un presunto acto ilegal que involucra a miembros del Consejo Federal Pesquero, quienes habrían recibido cantidades significativas de dinero en dólares para bloquear el acceso de la empresa a las cuotas de captura.

Aparte de la investigación que está siendo llevada a cabo por Burlando, se teme que esta situación de reparto, que según varios representantes del sector es “siempre ambigua y favorece a los mismos”, conduzca a un conflicto latente por la merluza común.

Los abogados argumentaron que “la exclusión de PRODESUR S.A. generó, de inmediato, una cartelización real en la explotación del recurso de merluza negra en el mar argentino, lo que podría resultar en violaciones al artículo 248 del Código Penal, debido a que el Consejo Federal Pesquero no cumplió con el procedimiento de oferta pública para el otorgamiento de la cuota en el período 2025-2039 y ha creado un oligopolio entre las empresas que actualmente cuentan con dicho cupo, en detrimento de Prodesur S.A.”.

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