Defensoría de los Derechos de Funcionarias, Funcionarios y Burócratas

Adrián Simioni

El caso Aralí –la nenita de 8 años asesinada en Brinkmann- sigue desnudando a organismos de Córdoba que están mucho más preocupados por cuidarse sus propias espaldas que por establecer por qué la Justicia y la Secretaría de la Niñez de Córdoba fracasaron estrepitosamente ante un caso que, con el diario del lunes, parecía cantado y que ellos tenían la obligación de haber anticipado antes del lunes. Es un caso Lucio Dupuy, pero en Córdoba.

Ahora, la que ha dado la nota es Amelia López, la Defensora de los Derechos de las Niñas, los Niños y los Adolescentes de Córdoba, aunque tal vez ahora habría que cambiarle el nombre a su oficina y ponerle Defensoría de los Derechos de las Funcionarias, los Funcionarios y los Burócratas.

Resulta que el caso Aralí activó los nervios un poco entumecidos de la Defensoría, que salió a la cancha pero no para defender a Aralí sino a los funcionarios del Poder Ejecutivo a los que Amelia López debería controlar.

La defensora de funcionarias y funcionarios le mandó una nota al Fiscal General de la Provincia, Juan Manuel Delgado, para exigirle que el fiscal de Morteros Oscar Gieco –que tiene a su cargo el caso Aralí- se calle la boca y deje de hablar del tema y que lo mismo haga el forense Mario Vignolo. Sobre la actuación y la responsabilidad de la jefa de la Secretaría de la Niñez (la Senaf), Julia Reartes, las trabajadoras sociales de la Senaf que recomendaron que Aralí volviera a vivir con un padastro en libertad condicional y una madre adicta, no dijo nada. Y sobre la responsabilidad de la ministra de Desarrollo Humano, Liliana Montero, que tiene en su órbita a la Senaf, tampoco. La excusa es que así se revictimiza a los hermanos de Aralí –de los que nadie dio siquiera sus nombres y a los que en Brinkman igual ya conoce todo el mundo-. Pero la verdad es que lo que les importa es que se deje de hablar del tema.

Amelia López es una médica, veterana militante de José Manuel de la Sota, gracias a quien llegó a ser diputada nacional y ministra de Educación de Córdoba, entre otras cosas, de lo cual no recordamos demasiados hitos de gestión.

Es raro que hasta ahora no haya dicho nada de la Senaf. Su defensoría fue creada por ley en 2007 –cuando todavía estaba la moda de crear este tipo de organismos- y entre los pocos y ambiguos objetivos que le marca la ley está el de “efectuar recomendaciones para mejorar los servicios públicos dedicados a atender a niñas, niños y adolescentes” (o sea la Senaf, el ente más importante de todos) y “denunciar ante las autoridades competentes cualquier irregularidad”. Incluso no hacer eso, dice la ley, podría ser una buena razón para destituir a Amelia López si la Legislatura lo cree razonable. Nada dice la ley de que la Defensoría ande por ahí apretando a fiscales y forenses. Pero hasta ahora, al menos públicamente, hizo exactamente lo que no debería y no hizo exactamente lo que debería. Al menos públicamente. No se le ocurrió salir a decir aunque sea: “Che, funcionarios responsables, expliquen qué pasó a ver si dejan de mandar chicos para que los cuiden los que los que los van a matar”.

Por eso por ahora vamos a proponer a cambiar el nombre al organismo, para que se adecúe más a su verdadera función: formar parte del entramado pseudoinstitucional de complicidades en los que políticos, militantes y ñoquis se dedican a cubrirse mutuamente las espaldas y a lograr que los trapitos sucios no salgan a la luz y, en todo caso, se laven en alguna minioficina burocrática. En lugar de llamarla Defensoría de las Niñas, los Niños y los Adolescentes le pongamos Defensoría de los Derechos de las Funcionarias, los Funcionarios y los Burócratas.