El fiscal que pidió detener a Tapia y Toviggino cuestionó al juez de la causa

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El fiscal federal de Santiago del Estero, Pedro Simón, confirmó que solicitó la detención de Claudio "Chiqui" Tapia y Pablo Toviggino en el marco de una investigación por presunta defraudación a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y lavado de activos, y apuntó contra el juez de la causa, Sebastián Argibay, por falta de imparcialidad.

En declaraciones a Cadena 3, Simón explicó que en enero planteó la recusación del magistrado al advertir posibles vínculos con los imputados. "Habíamos planteado esa recusación cuando advertimos en el Registro de Inmuebles que había un bien adquirido a una de las listas del juez", señaló, y agregó que luego ampliaron los argumentos por "otras causales de interés en el pleito".

Según el fiscal, el juez Argibay adoptó decisiones que "avanzaban sobre la autonomía del Ministerio Público Fiscal", como dividir la causa e intimar a la fiscalía a reformular su requerimiento. "El Ministerio Público es autónomo, es el titular de la acción penal y formula el requerimiento cuando considera que tiene los elementos de prueba", remarcó.

Simón también cuestionó el estándar probatorio exigido por el magistrado. "Argibay nos exigía un estándar como si ya estuviéramos en una resolución definitiva. Él mató la causa antes del inicio. Nosotros abrimos la investigación recién", afirmó. En ese sentido, sostuvo que la ley solo requiere "la simple sospecha” para imputar, y aseguró que en este caso “teníamos más que simple sospecha".

El fiscal indicó que su equipo describió "todas las transferencias" investigadas y consideró que el juez no podía tomar decisiones de fondo mientras estaba pendiente la recusación. "Al estar recusado no puede tomar medidas dispositivas, solo ordenatorias", explicó, y añadió que lo "normal" hubiera sido que se apartara hasta que resolvieran instancias superiores.

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Sobre el fondo de la causa, Simón detalló que investigan una "defraudación importante" a la AFA, además de una presunta apropiación indebida de tributos —ya bajo análisis de la justicia penal económica— y una maniobra de lavado de activos.

"Hubo fondos que salieron para nutrir a un grupo económico que comandaba Toviggino", afirmó, y precisó que ese dinero se habría canalizado a través de "12 o 15 empresas" que, según la hipótesis fiscal, eran manejadas por presuntos testaferros. "Se volcó todo ese dinero en la adquisición de 35 propiedades en Santiago del Estero y en un manejo financiero y económico que sería la maniobra de lavado", sostuvo.

Consultado sobre la operatoria, el fiscal coincidió con la descripción de que se habrían utilizado facturaciones apócrifas por servicios no prestados para justificar los movimientos. Además, indicó que la investigación abarca a 26 personas, para quienes se solicitaron indagatorias tras una imputación basada en documentación de organismos como ARCA, bancos y registros públicos.

Simón aclaró que, hasta el momento, no hay vínculos con el exgobernador Gerardo Zamora. "En esta investigación, en absoluto. No tiene nada que ver", afirmó.

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En cuanto al patrimonio bajo análisis, señaló que las 35 propiedades detectadas fueron relevadas con valores de adquisición, y que se solicitó la intervención de peritos para determinar su valuación actual. También mencionó la existencia de varios plazos fijos que, en conjunto, podrían acercarse a cifras millonarias. "No sé si llegan a 10.000 millones, pero poco menos puede ser", indicó.

El fiscal estimó que el crecimiento patrimonial investigado se concentró entre 2020 y 2025. "En un año tenían 17.000 pesos, al siguiente pasaron a 100 millones y hoy tienen 2.000 millones", ejemplificó sobre la evolución de algunas sociedades.

Asimismo, señaló que detectaron una maniobra vinculada al ingreso de divisas durante el cepo cambiario. Según explicó, se habrían introducido al país "60 u 80 millones de euros y más de 50 millones de dólares" por fuera del circuito oficial. "Lo metieron al dólar blue cuando correspondía liquidarlo al oficial", sostuvo, y agregó que el Banco Central de la República Argentina inició un sumario administrativo por ese hecho.

Respecto del origen de la causa, Simón indicó que comenzó con una denuncia recibida por correo electrónico el 8 de diciembre pasado, atribuida a un particular. "La denuncia no se abastecía por sí misma, pero había que nutrirla con investigación", explicó, y subrayó que el Ministerio Público debe actuar ante la noticia de un posible delito.

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Sobre eventuales controles estatales, el fiscal consideró que las alertas debieron surgir de organismos nacionales como la AFIP —hoy ARCA—, los bancos o la UIF. "No es resorte del Gobierno de Santiago del Estero", aclaró.

En relación con su tarea, Simón aseguró que no recibió presiones. "Nunca he tenido ninguna presión de ningún tipo", afirmó, aunque reconoció que se trata de una investigación de alta exposición. "Si uno va a tener miedo, no puede hacer nada", expresó.

Confirmó que la fiscalía mantiene el pedido de detención, aunque la decisión depende del juez. "También pedimos la prohibición de salida del país y el aseguramiento de bienes", concluyó.

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Entrevista de Rodolfo Barili, Guillermo López y Juan Federico.

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