Discapacidad: denunciaron falencias en auditorías de pensiones no contributivas
Según explicó el vicepresidente de la Asociación Provincial de Instituciones para Personas con Discapacidad, la situación dejó a más de la mitad del padrón sin posibilidad de acreditar su condición.
28/05/2025 | 09:30Redacción Cadena 3
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Radioinforme 3
En vísperas de una jornada federal de protesta por la sanción de la Ley de Emergencia en Discapacidad, el vicepresidente de la Asociación Provincial de Instituciones para Personas con Discapacidad de Santa Fe, Luciano Urrutia, denunció graves falencias en el proceso de auditorías de pensiones no contributivas, que dejaron a más de la mitad del padrón sin posibilidad de acreditar su condición.
La situación, sumada al congelamiento de nuevas pensiones y al retraso en la actualización de aranceles, pone en riesgo los tratamientos, la inclusión educativa, laboral y social de miles de personas con discapacidad en la provincia y el país.
En diálogo con Cadena 3, Urrutia celebró la iniciativa del Ejecutivo Nacional de auditar las pensiones para garantizar que lleguen a quienes realmente las necesitan, tras décadas de abuso de fondos públicos mediante certificados falsos. "Negar esa estafa no ayuda. Por eso apoyamos las auditorías, pero su implementación fue defectuosa", afirmó.
Según explicó, más de la mitad de las personas con discapacidad no fueron notificadas adecuadamente, lo que les impidió presentar la documentación necesaria para defender su derecho. "Esto generó un estrago no solo para las personas, sino para todo el sistema de prestaciones", señaló.
El impacto es devastador: 500.000 personas con documentación respaldada por juntas médicas aguardan nuevas pensiones, que están congeladas, mientras que las ya otorgadas enfrentan un proceso de auditoría "sumamente problemático".
Urrutia criticó la falta de respuestas del Ejecutivo sobre cómo continuará el proceso y qué pasará con quienes sí accedieron a las auditorías. "El sistema está hackeado en su totalidad", afirmó.
A esto se suma la crisis presupuestaria. El directorio del Sistema Único de Prestaciones, encargado de actualizar los aranceles para servicios como transporte, terapias y educación, no se reúne desde noviembre de 2024. La última actualización de aranceles fue en diciembre de 2024, acumulando un retraso del 70% frente a la inflación. "Esto está llevando a instituciones y transportistas al borde de la quiebra. Todos los días hay personas con discapacidad que pierden acceso a transporte, tratamientos, educación o inclusión laboral", lamentó Urrutia.
El vicepresidente de la asociación subrayó que las prestaciones son esenciales para la inclusión social de las personas con discapacidad. "No se trata solo de tratamientos, sino de acceso a la educación, al trabajo, a la salud, a la cultura. Es un derecho fundamental", enfatizó.
También señaló que el colapso actual es una consecuencia del histórico desvío de fondos públicos por parte de punteros políticos, pero insistió en que "no se puede castigar a las personas con discapacidad por ese saqueo".
Urrutia destacó que la solución pasa por reactivar el diálogo en el directorio del Sistema Único, presidido por la Agencia Nacional de Discapacidad, que lleva siete meses sin reunirse. "Hemos solicitado respuestas a través de legisladores y la Defensoría del Pueblo de Santa Fe, pero no hay avances. Ese es el espacio establecido por ley para discutir pensiones, prestaciones y controles, y está cerrado", denunció.
Este jueves se realizará una jornada federal de movilización, con epicentro en Córdoba en la Plaza San Martín, para exigir la sanción de la Ley de Emergencia en Discapacidad y respuestas urgentes. "Es una situación gravísima. No podemos seguir esperando mientras las personas con discapacidad y sus familias pierden derechos esenciales", concluyó Urrutia.
Entrevista de Miguel Clariá.
