Lavado, narcotráfico y más: secuestraron el celular del juez federal Bailaque

Este jueves se registró un hecho casi sin precedentes que amenazaba con extender sus esquirlas en distintos organismos del Estado: secuestraron el celular del juez federal Marcelo Bailaque. El procedimiento se dio mediante la requisa de su despacho, que es apenas una parte de una amplia investigación que llevó a varios allanamientos.

En paralelo, agentes de Gendarmería y funcionarios de la Procelac (Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos) le secuestran el celular a un secretario del Juzgado Federal y allanaron también oficinas de la AFIP-Aduana Santa Fe, Rosario y de la Aduana-Hidrovía. La causa alcanza a jefes regionales. Los efectivos ingresaron, a su vez, a un estudio jurídico-contable.

La determinación judicial se dio en el marco de una investigación por narcotráfico y lavado de activos, que además intenta determinar los motivos por los que Bailaque, que se desempeña en Rosario, no avanzó en la indagación de los vínculos entre el capo narco Esteban Alvarado y el contador Gabriel Mizzau.

Sin embargo, en una causa paralela, aparecieron en escuchas y datos funcionarios de alto rango de la Aduana-Afip-Hidrovía y por eso los operativos se extendieron a las oficinas en esos organismos de C.V, R.C, P.A, y F.D.A.

"Es una causa penal-económica. En un Juzgado que habitualmente es cauteloso, empezó como Speedy González con allanamientos y medidas y de pronto dictó falta de mérito. Algo pasó", reflejó un funcionario con acceso a las causas.

Los procedimientos judiciales fueron solicitados por el fiscal Juan Argibay Molina (Procelac) y la Unidad Rosario de la Fiscalía Federal -con intervención de Matías Scilabra y Federico Reynares Solari- y autorizados por un Tribunal local.

Hace algunos meses se reveló una información que comprometió públicamente al juez federal, puesto que se reveló que contrató al hijo de Mizzau, contador de Alvarado.

A media mañana, el impacto en la Justicia Federal comenzaba a sentirse, aunque las autoridades de la Cámara se excusaron en que cualquier decisión disciplinaria sólo es potestad del Consejo de la Magistratura.

Las camionetas de Gendarmería, enviadas con personal de Buenos Aires, permanecían en la puerta de Oroño al 900 de los Tribunales Federales; también se observaban agentes por el egreso trasero y estacionamiento por Alvear, en el macrocentro de Rosario.

Informe de Hernán Funes.