Revive el gobierno de EE.UU. programa que otorga poderes migratorios a policías locales

Como parte de la estrategia de la administración estadounidense para realizar deportaciones masivas, el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) ha revitalizado un programa de décadas que confiere a los departamentos de policía locales y estatales la autoridad para hacer cumplir las leyes migratorias.

Este programa, conocido como 287(g), habilita a los agentes de policía para interrogar a inmigrantes bajo su custodia y gestionar su detención con miras a una posible deportación.

Desde que Donald Trump asumió la presidencia en enero, el número de acuerdos firmados por el ICE con agencias policiales ha crecido de manera significativa.

La expansión de estos acuerdos tiene una razón clara: incrementar el personal dedicado a la aplicación de la ley migratoria, ya que el ICE cuenta con alrededor de 6.000 agentes de deportación, en un intento por cumplir con el objetivo de deportar a la mayor cantidad posible de las 11 millones de personas que se estima se encuentran en el país de manera ilegal.

Este informe explora los pormenores de dichos acuerdos y las críticas que han suscitado:

¿Qué es un acuerdo 287(g) y cuál es el beneficio para el ICE?

Los acuerdos 287(g) se establecen entre un departamento de policía y el ICE, y permiten a la policía llevar a cabo ciertas acciones relacionadas con la aplicación de la ley de inmigración.

Hay tres tipos de acuerdos establecidos:

—Con el modelo de “control en cárceles”, las policías pueden revisar a los detenidos en cárceles por posibles violaciones migratorias.

—El modelo de “oficiales delegados para efectuar órdenes de arresto” permite que los policías locales y estatales colaboren con el ICE al ejecutar órdenes relacionadas con inmigrantes en las cárceles.

—El “modelo de equipo de trabajo” otorga a policías locales el poder de investigar el estatus migratorio mientras realizan sus labores rutinarias.

Aunque estos acuerdos fueron permitidos por una ley de 1996, no fue sino hasta 2002 que se firmó el primer convenio con una agencia local, el Departamento de Policía de Florida.

“La ventaja para el ICE es que amplía su capacidad de aplicación de la ley migratoria en múltiples jurisdicciones”, comentó John Torres, quien fue director interino del ICE entre 2008 y 2009.

Torres explicó que, al inicio de su carrera, se le asignó realizar entrevistas a extranjeros en la cárcel de Los Ángeles para confirmar si estaban en el país ilegalmente, pero con el acuerdo 287(g), se libera a esos agentes para otros deberes.

¿Qué está pasando con estos acuerdos bajo el gobierno de Trump?

En los últimos meses, ha habido un crecimiento significativo en el número de acuerdos firmados.

A finales del año pasado, el ICE contaba con 135 acuerdos en 21 estados. A fecha de 19 de mayo, ese número había aumentado a 588 en 40 estados, con otros 83 en espera de aprobación.

La mitad de los acuerdos fueron firmados en Florida, donde el gobernador Ron DeSantis anunció la detención de más de 1.100 inmigrantes en una redada conjunta con autoridades locales y federales.

Texas, donde también el gobernador Greg Abbott se alinea con Trump en políticas migratorias, es el segundo estado con más acuerdos, seguido por Georgia y Carolina del Norte.

La mayoría de estos convenios han sido firmados con departamentos de policía, reflejando su responsabilidad en la gestión de cárceles en EE.UU. Sin embargo, también han participado otras agencias, como la Guardia Nacional de Florida y Texas, junto con el Departamento de Servicios de Lotería de Florida.

“La expansión de acuerdos es sin precedentes en términos de velocidad y alcance”, sostuvo Amien Kacou, abogado de la Unión Americana de Libertades Civiles en Florida.

Kacou añadió que el ICE ha buscado colaboración en cada estado bajo la dirección de Trump.

¿Cuáles son las preocupaciones?

Inmigrantes, defensores de derechos y abogados advierten que estos acuerdos podrían resultar en discriminación racial, además de una falta de supervisión.

“Si eres un inmigrante, o te ves como uno, es probable que enfrentes detenciones aquí en Florida”, alertó Felipe Sousa-Lazaballet, director ejecutivo del Hope Community Center en Apopka.

Las inquietudes son más agudas en relación al modelo de equipo de trabajo, ya que este permite a los policías realizar funciones de aplicación de la ley migratoria en su actividad diaria.

Lena Graber, abogada del Centro de Recursos Legales para Inmigrantes, comentó que el gobierno de Obama eliminó gradualmente este modelo en 2012 debido a preocupaciones sobre el perfil racial en arrestos.

La administración de Trump consideró restablecer el modelo, pero finalmente no tomó esa decisión. Graber subrayó que con este modelo, los policías locales poseen prácticamente las mismas facultades que los agentes del ICE, convirtiéndose en “funcionalmente agentes del ICE”.

Grupos de defensa han señalado que en áreas donde los acuerdos 287(g) están vigentes, las personas indocumentadas son menos propensas a involucrarse con las autoridades al ser víctimas o testigos de delitos, por miedo a represalias migratorias.

“Esto busca aterrorizar a las comunidades”, expresó Katie Blankenship, abogada de inmigración. “Fomenta un patrón de aplicación de la ley que no es justo ni capacitado”.

Las autoridades federales y las agencias locales rechazan estas críticas, sosteniendo que sus acciones se alinean con la ley cuando arrestan a individuos.

“No existe perfil racial”, afirmó Jeffrey Dinise, jefe de la Patrulla Fronteriza de Miami. Detalló que los policías pueden detener vehículos por infracciones y verificar el estatus legal mediante sistemas de inmigración.

Torres también precisó que los agentes locales bajo los acuerdos 287(g) no operan de forma aislada. Hay coordinación constante con los funcionarios del ICE y las agencias locales.

“No se espera que actúen de manera independiente”, concluyó Torres.

¿Cómo se unen los departamentos policiales?

Los departamentos de policía deben nominar agentes para participar en el programa 287(g). Estos agentes deben ser ciudadanos estadounidenses y pasar una verificación de antecedentes.

El sitio web del ICE facilita plantillas para las agencias interesadas en unirse al programa.

La capacitación varía según el modelo. Los agentes del “modelo de equipo de trabajo” deben completar un curso en línea de 40 horas que incluye temas de ley de inmigración y derechos civiles. Hasta mediados de marzo, aproximadamente 625 agentes habían sido capacitados, aunque ese número probablemente haya aumentado.

Para el modelo de “control en cárceles”, se ofrece una capacitación de cuatro semanas, junto a un curso de actualización. El modelo de “oficiales delegados para efectar órdenes de arresto” requiere ocho horas de formación.

Austin Kocher, investigador de la Universidad de Syracuse, indicó que la capacitación siempre ha representado un reto para el programa 287(g), ya que el costo puede ser alto y su implementación pesada para departamentos más pequeños.

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