Rechazo judicial a la defensa de la Ley Dream de Texas para estudiantes indocumentados

Un tribunal federal de apelaciones tomó una decisión el jueves que dejó sin efecto la defensa de la Ley Dream de Texas, una normativa que permitía a ciertos estudiantes indocumentados pagar matrícula como si fueran residentes en universidades y colegios públicos. Esta resolución mantiene en vigor un fallo anterior que había bloqueado la ley estatal.

El Tribunal Federal de Apelaciones del 5º Circuito determinó que grupos de defensa, el Austin Community College (ACC) y un estudiante no podían intervenir en el caso para respaldar la Ley Dream, dado que la legislación federal prohíbe que los estados ofrezcan beneficios de matrícula a estudiantes indocumentados a menos que estos estén disponibles para todos los ciudadanos estadounidenses, sin importar su lugar de residencia.

La Ley Dream permitía a estudiantes que se graduaban de una preparatoria en Texas o que obtenían un diploma equivalente, residieran en el estado y se comprometieran a solicitar la residencia permanente al ser elegibles, pagar matrícula como residentes, incluso sin un estatus migratorio legal. Esta ley fue un avance significativo para muchos jóvenes que, de otro modo, no podrían acceder a la educación superior.

El gobernador de Texas, Greg Abbott, celebró la decisión del tribunal, afirmando que representa una victoria para el estado de derecho, en un mensaje publicado en la red social X. Por su parte, organizaciones como La Unión del Pueblo Entero (LUPE) y el Fondo Mexicano-Estadounidense de Defensa Legal y Educación (MALDEF) expresaron su decepción, considerando que la decisión afecta a miles de estudiantes que dependen de esta ley para acceder a la educación.

Thomas A. Saenz, presidente y asesor jurídico de MALDEF, anticipó que buscarán una revisión del caso en un tribunal federal. Saenz criticó la rapidez con la que se anuló la ley y calificó el fallo como una de las mayores injusticias legales recientes.

Desde su implementación en 2001, la Ley Dream de Texas ha beneficiado a más de 57,000 estudiantes, según datos presentados por los abogados de LUPE y ACC. La anulación de esta ley podría resultar en pérdidas significativas para el estado, tanto en términos de ingresos como de desarrollo económico.

El juez Jerry E. Smith, autor de la opinión mayoritaria del tribunal, fue nombrado por el presidente Ronald Reagan, mientras que la jueza Irma Carrillo Ramirez discrepó en su decisión. Smith estuvo acompañado en su fallo por el juez Don Willett, quien fue designado por Donald Trump.

Por su parte, el Austin Community College reafirmó su compromiso de continuar apoyando a todos los estudiantes y a la comunidad, mientras que los grupos de defensa de derechos de los inmigrantes continuarán luchando por el acceso a la educación.

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