Rebeldes suspenden el desarme en Filipinas por incumplimiento del acuerdo de paz de 2014

MANILA (AP) — El grupo rebelde musulmán más grande en el sur de Filipinas suspendió el desarme de sus 14.000 combatientes restantes tras afirmar que el gobierno no ha cumplido completamente con los compromisos que hizo bajo un acuerdo de paz de 2014, informó un funcionario filipino el jueves.

Bajo el acuerdo de paz mediado por Malasia, los rebeldes del Frente Moro de Liberación Islámica renunciaron a su objetivo de un estado musulmán separado en el sur del país a cambio de una autonomía más amplia. Los 40.000 combatientes del grupo serían “desmovilizados” y se les proporcionarían medios de vida y otra ayuda para reintegrarse a la vida normal.

La región de Bangsamoro fue establecida bajo el acuerdo de paz para reemplazar una región autónoma de cinco provincias con un área más grande, mejor financiada y más poderosa, que ha sido gobernada por exlíderes guerrilleros bajo un período de transición que debía concluir con elecciones regulares programadas para octubre.

El asistente presidencial David Diciano, quien ha estado ayudando a supervisar la transformación de la región de Bangsamoro, declaró en un comunicado que el comité central del frente rebelde musulmán ha decidido “posponer la desmovilización de 14.000 de sus combatientes y 2.450 de sus armas.”

“También expresamos nuestro desacuerdo con la reciente resolución del Frente Moro de Liberación Islámica, que afirma que el gobierno no ha cumplido sustancialmente con sus compromisos socioeconómicos”, agregó.

Instó a los rebeldes a utilizar los canales establecidos por el acuerdo de paz para abordar los problemas en su aplicación.

Los líderes del frente rebelde no comentaron de inmediato sobre su declaración.

Diciano describió una serie de beneficios proporcionados por el gobierno que, según él, se han otorgado a más de 26.000 exguerrilleros desde 2015. Los beneficios incluyeron una “asistencia en efectivo transitoria” de 100.000 pesos (1.700 dólares) otorgada a cada combatiente después de entregar las armas.

El gobierno filipino ha gastado alrededor de 4.000 millones de pesos (69 millones de dólares) desde 2019 para proporcionar seguro de salud, registros gubernamentales, capacitación en habilidades laborales y empleo a excombatientes, según Diciano. Se han construido caminos de acceso a mercados, puentes, sistemas de agua potable, clínicas de salud, irrigación y otra infraestructura en seis campamentos rebeldes del sur desde 2015.

Desde 2020, el gobierno ha proporcionado a la región autónoma musulmana subvenciones que suman más de 420.000 millones de pesos (7.000 millones de dólares) para infraestructura y otros proyectos, dijo.

“El proceso de transformación requiere un cambio de mentalidad, ya que la posesión de armas ilegales es anatema para una sociedad pacífica y civilizada”, indicó Diciano. “Esto constituye el principio fundamental del acuerdo de paz, por el cual los grupos revolucionarios armados deben ser transformados en movimientos sociales y políticos”.

El acuerdo de 2014 alivió décadas de combates intermitentes que han dejado alrededor de 120.000 muertos, desplazado a un gran número de aldeanos rurales y frenado el desarrollo en una región con algunas de las áreas más pobres del país. Una insurgencia comunista separada se había debilitado pero ha perdurado durante décadas.

Los gobiernos filipino y occidentales, junto con los guerrilleros, vieron una autonomía musulmana efectiva como un antídoto para más de medio siglo de violencia secesionista musulmana, que podría ser explotada por grupos radicales extranjeros para ganar un punto de apoyo en el sudeste asiático.

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