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Luisiana sanciona a funcionarios que impidan el cumplimiento de la ley migratoria

Los legisladores de Luisiana aprobaron un conjunto de normativas que penalizan a funcionarios que obstaculicen la ley migratoria, sumándose a la presión sobre la deportación de inmigrantes. La ley llega en medio de crecientes tensiones nacionales.

12/06/2025 | 16:53Redacción Cadena 3

FOTO: Luisiana aprueba proyecto de ley para penalizar a funcionarios que obstruyan la ley migratoria

BATON ROUGE, Luisiana, EE.UU. (AP) — En un contexto de protestas que atraviesan el país por las duras tácticas de aplicación de la ley migratoria, los legisladores en Luisiana aprobaron esta semana un conjunto de leyes que se integrarán a la serie actual de medidas federales sobre deportaciones. Este estado conservador ha dado un paso más en su rol dentro de la aplicación de la ley migratoria, comprometiéndose a colaborar con las agencias federales.

De acuerdo con la nueva legislación, los funcionarios públicos y agentes del orden podrían enfrentar prisión si obstruyen, demoran o ignoran intencionalmente los esfuerzos de aplicación de la ley de inmigración por parte del gobierno federal. Asimismo, se exigiría a las agencias estatales, que abarcan Health, Educación, Correccionales, Servicios para Niños y Familias, así como Vehículos Motorizados, que verifiquen, rastreen y reporten a cualquier persona en situación irregular que reciba servicios estatales.

Las propuestas ahora serán remitidas al gobernador republicano Jeff Landry, conocido por su postura firme contra el crimen y su apoyo al presidente Donald Trump, quien probablemente las sancionará para que entren en vigor.

Un enfoque de penalización hacia los funcionarios se decidió en medio de un incremento en los operativos de redadas migratorias a nivel nacional, impulsados por promesas de Trump de deportar a millones. Las agencias federales han demandado el apoyo de los gobiernos estatales y locales para alertar sobre inmigrantes buscados para deportación y mantenerlos bajo custodia hasta que sean retirados.

La Asamblea Legislativa de Luisiana, de mayoría republicana, aprobó la legislación que busca asegurar que se respeten estos requerimientos. La iniciativa extiende el delito de mala conducta en el cargo, que conlleva penas de hasta diez años de cárcel, a todos los funcionarios que no respondan a requerimientos de agencias como el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). También se establece que no se podrá liberar a personas que hayan ingresado o permanecido de manera ilegal en el país sin notificar al ICE.

El senador estatal republicano Jay Morris afirmó: “Este es uno de esos proyectos de ley que establece que es ilegal no hacer cumplir la ley”. También se amplía el delito de obstrucción de la justicia para incluir cualquier acción que obstaculice o interfiera con los esfuerzos de aplicación de la ley migratoria.

Tia Fields, defensora de la Organización de Refugiados e Inmigrantes de Luisiana, expresó su preocupación por el posible “efecto paralizante” de estas nuevas normas, que podrían criminalizar acciones comunes de apoyo y asesoramiento por parte de diversas organizaciones y líderes comunitarios.

A pesar de que Luisiana no tiene frontera con ningún país, es uno de los estados que aplica sanciones a funcionarios locales que no colaboran con las autoridades federales. A nivel nacional, otros estados han implementado legislaciones similares, como en Tennessee, donde funcionarios locales podrían enfrentar hasta seis años de prisión si apoyan políticas de santuario. Además, se han visto amenazas de arrestos a funcionarios electos que interfieran con las operaciones de los agentes en el terreno.

Las nuevas normativas también demandan que las agencias estatales revisen la condición migratoria de quienes acceden a servicios y beneficios estatales. Un informe anual sobre estos datos deberá ser presentado por las respectivas agencias al gobernador y la Asamblea Legislativa, con el riesgo de perder fondos en caso de incumplimiento.

La medida busca hacer transparente el uso de recursos estatales por parte de inmigrantes en situación irregular. Sin embargo, se han expresado dudas sobre si podría afectar la unidad familiar. El senador Miguez reconoció que aunque la preocupación era “algo exagerada”, el resultado dependería de las decisiones del gobierno federal respecto a la información recopilada.

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Esta historia ha sido traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de tecnología de inteligencia artificial generativa.

[Fuente: AP]

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