Inmigrantes en EE.UU. enfrentan deportaciones a países desconocidos y el limbo legal

Un hombre afgano huyó del Talibán en busca de refugio en el norte del estado de Nueva York, solo para ser informado de su deportación a Uganda. Una mujer cubana, que trabajaba en un Chick-fil-A en Texas, fue arrestada tras un accidente menor y le comunicaron que sería enviada a Ecuador. También hay un hombre mauritano en Michigan que recibió la noticia de su deportación a Uganda, y una madre venezolana en Ohio que escuchó que sería enviada a Ecuador. La situación es similar para bolivianos, ecuatorianos y muchos otros que han sido notificados de expulsiones hacia Honduras.

Estos casos son parte de un grupo de más de 13.000 migrantes que residían legalmente en EE.UU., esperando la resolución de sus solicitudes de asilo. De repente, se encontraron con órdenes de deportación a un "tercer país", a destinos con los que la mayoría no tiene ningún vínculo, según la organización sin fines de lucro Mobile Pathways, que aboga por la transparencia en los procedimientos migratorios.

A pesar de la presión ejercida por la Casa Blanca para aumentar las deportaciones, pocos han sido enviados hasta ahora. Sin embargo, muchos se encuentran atrapados en un limbo migratorio, incapaces de defender sus solicitudes de asilo ante un tribunal y sin claridad sobre si serán enviados a un país que nunca han visto.

La cifra exacta de detenidos no es clara, pero todos han perdido su derecho a trabajar legalmente, un privilegio que muchos tenían mientras tramitaban su asilo, lo que ha intensificado la preocupación y el miedo en las comunidades inmigrantes. Este clima de temor podría ser, según algunos activistas, un objetivo del gobierno.

"El objetivo de este gobierno es infundir miedo en la gente. Eso es lo principal", sostuvo Cassandra Charles, abogada principal del National Immigration Law Center, quien ha estado combatiendo la agenda de deportaciones masivas del gobierno del presidente Donald Trump. El miedo a ser deportado a un país desconocido podría llevar a los afectados a abandonar sus solicitudes migratorias y optar por regresar a sus países de origen.

A mediados de marzo, funcionarios del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) indicaron a abogados del Departamento de Seguridad Nacional que dejaran de presentar nuevas mociones de deportación a terceros países relacionadas con casos de asilo. Este correo electrónico, al que tuvo acceso The Associated Press, no ofrecía explicaciones y su contenido no ha sido divulgado públicamente.

A pesar de esto, los casos de deportación anteriores continúan. Una mujer guatemalteca que llegó a la frontera entre EE.UU. y México buscando asilo, tras haber sido víctima de violencia, se enteró de que su destino podría ser uno de tres países: Ecuador, Honduras o, incluso, Uganda. "Cuando pienso en tener que ir a esos otros países, entro en pánico porque escucho que son violentos y peligrosos", expresó, bajo condición de anonimato.

Las deportaciones se han acelerado desde que la Junta de Apelaciones de Inmigración emitió un fallo que permite a los migrantes ser expulsados a cualquier país donde el Departamento de Estado de EE.UU. determine que no enfrentarán persecución. Desde entonces, más de 13.000 migrantes han recibido órdenes de deportación a los llamados "terceros países seguros", con Honduras, Ecuador y Uganda como los destinos más comunes.

Sin embargo, las deportaciones han resultado ser mucho más complicadas de lo que el gobierno anticipó, enfrentando desafíos legales y limitaciones en la implementación de los acuerdos con estos países. Hasta ahora, se estima que menos de 100 personas han sido efectivamente deportadas a estos destinos.

Los abogados de inmigración temen que, si el gobierno logra establecer más acuerdos de deportación, la situación podría cambiar drásticamente. "Ahora mismo están haciendo contrataciones a gran escala. Tendrán más aviones. Si consiguen más acuerdos, podrán enviar a más personas a más países", concluyó Mehta, de la ACLU.

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