Inicia juicio sobre despliegue de la Guardia Nacional en Los Ángeles y sus implicancias legales

SAN FRANCISCO (AP) — Un juez federal en San Francisco consideró pruebas y escuchó argumentos sobre si la administración de Trump violó la ley federal al desplegar marines y efectivos de la Guardia Nacional en Los Ángeles tras las protestas contra la detención de inmigrantes.

La administración Trump federalizó a los miembros de la Guardia Nacional de California y los envió a la segunda ciudad más grande de Estados Unidos a pesar de las objeciones del gobernador Gavin Newsom y los líderes de la ciudad, después de que estallaron protestas el 7 de junio cuando oficiales de Inmigración y Control de Aduanas arrestaron a personas en múltiples ubicaciones.

California pidió al juez Charles Breyer que ordene a la administración Trump devolver el control de las tropas restantes al estado e impedirle al gobierno federal usar tropas militares en California “para ejecutar o asistir en la ejecución de la ley federal o cualquier función de aplicación de la ley civil por cualquier agente u oficial federal”.

La Ley Posse Comitatus de 1878 impide que el presidente use el ejército como una fuerza policial doméstica. El caso podría sentar un precedente sobre cómo Trump puede desplegar la guardia en el futuro en California u otros estados.

El Departamento de Defensa ordenó el despliegue de aproximadamente 4.000 elementos de la Guardia Nacional de California y 700 marines. La mayoría de los elementos ya se han retirado, pero 250 miembros de la Guardia Nacional permanecen, según las últimas cifras proporcionadas por el Pentágono. Las tropas restantes están en la Base de Entrenamiento de Fuerzas Conjuntas, en Los Alamitos, según Newsom.

Newsom obtuvo una victoria temprana de Breyer, quien determinó que la administración Trump había violado la Décima Enmienda, que define el poder entre los gobiernos federal y estatal, y excedió su autoridad.

La administración de Trump presentó inmediatamente una apelación argumentando que los tribunales no pueden cuestionar las decisiones del presidente y aseguró una suspensión temporal de la corte de apelaciones, permitiendo que el control de la Guardia Nacional de California permanezca en manos federales mientras la demanda continúa desarrollándose.

Después del despliegue, los soldados acompañaron a agentes federales de inmigración en redadas en Los Ángeles y en dos sitios de cultivo de marihuana en el condado Ventura, mientras que los marines principalmente custodiaron un edificio federal en el centro de Los Ángeles que incluye un centro de detención en el núcleo de las protestas.

La administración Trump argumentó que las tropas eran necesarias para proteger edificios y personal federal en Los Ángeles, que ha sido un campo de batalla en la agresiva estrategia de inmigración del gobierno federal. Desde junio, agentes federales han detenido a inmigrantes en Home Depots, lavaderos de autos, paradas de autobús y granjas. Algunos ciudadanos estadounidenses también han sido detenidos.

Ernesto Santacruz Jr., director de la oficina de campo del Departamento de Seguridad Nacional en Los Ángeles, sostuvo en documentos judiciales que las tropas eran necesarias porque las agencias locales habían sido lentas en responder cuando una multitud se reunió fuera del edificio federal para protestar por los arrestos de inmigrantes.

“La presencia de la Guardia Nacional y los marines ha jugado un papel esencial en la protección de la propiedad y el personal federal de las turbas violentas”, indicó Santacruz.

Después de la oposición de la administración Trump, Breyer emitió una orden permitiendo a los abogados de California tomar la declaración de Santacruz. También tomaron una declaración de un oficial militar sobre el papel de la Guardia Nacional y los marines en Los Ángeles.

Los abogados de la administración Trump argumentaron en documentos judiciales la semana pasada que el caso debería ser cancelado porque las reclamaciones bajo la Ley Posse Comitatus “fallan como cuestión de derecho.” Argumentaron que hay una ley que le da al presidente la autoridad para llamar a la Guardia Nacional para hacer cumplir las leyes cuando la aplicación de la ley federal no es suficiente.

Trump federalizó a los miembros de la Guardia Nacional de California bajo la Sección 12406 del Título 10, que permite al presidente llamar a la Guardia Nacional al servicio federal cuando el país “es invadido,” cuando “hay una rebelión o peligro de rebelión contra la autoridad del Gobierno,” o cuando el presidente no puede “ejecutar las leyes de Estados Unidos”.

Breyer determinó que las protestas en Los Ángeles “están muy lejos de ser una ‘rebelión’”.

“El juicio de la próxima semana no está cancelado”, dijo en un fallo ordenando el juicio sin jurado de tres días.

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