Grupos asumen funciones de los CDC tras reestructuración y despidos

NUEVA YORK (AP) — Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) enfrentaron un caos, pero algunos grupos comenzaron a intervenir y asumir el trabajo que realizaba la agencia.

Las medidas surgieron en respuesta a la extensa reestructuración y reducción de personal del organismo, con sede en Atlanta, por parte del secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr., actos que algunas personas calificaron como ilegales.

Muchos veteranos de la salud pública vieron una agencia sacudida por una crisis de liderazgo, recortes de personal y presupuestarios, y niveles sin precedentes de interferencia política. La preocupación alcanzó un punto álgido cuando la Casa Blanca tomó medidas para destituir al director de la agencia y algunos líderes principales de los CDC renunciaron en protesta.

Pero incluso antes de que la directora de los CDC, Susan Monarez, fuera despedida, algunas organizaciones comenzaron a buscar nuevas formas de realizar trabajos que anteriormente manejaba la agencia.

Algunas trabajaron para preservar las recomendaciones de vacunación de larga data. Otras trataron de liberar información que los CDC dejaron de proporcionar. Otras más tuvieron como objetivo mantener las compilaciones de datos de salud que estaban en riesgo de perderse.

Pero estos esfuerzos externos no contaron con la financiación federal, los recursos, los mecanismos legales ni la plataforma que fueron la base del sistema de salud pública del país. Por muy nobles que sean, es probable que estos esfuerzos fragmentarios no fueran suficientes, afirmaron algunos expertos.

“Puede haber algunas soluciones alternativas”, dijo la doctora Megan Ranney, decana de la Escuela de Salud Pública de Yale. “Pero no estoy segura de que sea justo o apropiado que la gente sienta que tiene que recurrir a grupos privados en lugar del gobierno”.

La orientación sobre vacunación encabeza la lista

Durante décadas, los CDC establecieron los estándares nacionales sobre vacunas: cuáles se recomendaban y quiénes debían recibirlas.

Las recomendaciones eran guías, no leyes. Pero fueron adoptadas automáticamente por médicos, sistemas escolares, aseguradoras de salud y otros organismos.

Fueron el resultado de un largo proceso de revisión de datos en el que intervino un panel de expertos externos, el Comité Asesor sobre Prácticas de Vacunación (ACIP, por sus siglas en inglés).

Pero en mayo, Kennedy, quien fue desde hace long tiempo un líder en el movimiento antivacunas, anunció que las inmunizaciones contra el COVID-19 ya no se recomendarían para niños sanos y mujeres embarazadas. Tomó la decisión sin la participación del ACIP.

En junio, despidió abruptamente a todo el panel, acusando a sus miembros de estar demasiado alineados con los fabricantes. Los reemplazó con un grupo seleccionado, compuesto por varios escépticos de las vacunas, y luego cerró la puerta a distintos grupos de médicos que durante mucho tiempo habían ayudado a formar las recomendaciones del ACIP.

No se sabe qué otros cambios estaban en camino para el ACIP, pero diversos grupos médicos manifestaron que no se podía contar con Kennedy para tomar decisiones basadas en evidencia médica sólida.

Las medidas llevaron a un grupo de investigadores de salud pública y otras personas a formar el Proyecto de Integridad de Vacunas, con sede en la Universidad de Minnesota, cuyo objetivo fue convertirse en el compilador e informador de evidencia médica que los CDC y el ACIP fueron en el pasado.

A mediados de agosto, el grupo celebró una reunión por Zoom similar al ACIP, en la que expertos en la materia presentaron amplias revisiones de investigaciones recientes sobre la seguridad y efectividad de las vacunas contra el COVID-19, la influenza y el virus sincitial respiratorio para niños, mujeres embarazadas y personas con sistemas inmunológicos debilitados.

También contó con un panel de expertos formado por cuatro personas, entre ellas, el editor en jefe del New England Journal of Medicine. Al igual que los miembros del ACIP, hicieron preguntas a los presentadores sobre sus análisis.

Los presentadores dejaron claro que debían basar sus presentaciones en lo que había aparecido en revistas médicas y estaba disponible públicamente; no tuvieron acceso a los datos de vigilancia y seguridad no publicados que los CDC recopilan.

El grupo no hace recomendaciones de vacunación por sí mismo. Pero trabaja con organizaciones de médicos que sí lo hacen. Una de ellas es el Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos, que afirmó que las mujeres embarazadas deben seguir recibiendo las vacunas contra el COVID-19, en contra de lo que anunció Kennedy. Otra es la Academia Estadounidense de Pediatría, que continúa recomendándolas para niños de seis meses a dos años.

Pero a medida que las sociedades médicas se separaron de los CDC, aún no estaba claro qué recomendaciones seguirían las aseguradoras al tomar decisiones de cobertura. Y quedaron varias preguntas más, como ¿qué sucederá en los estados que tienen políticas de vacunación vinculadas a las recomendaciones del ACIP?

En Massachusetts, la gobernadora demócrata Maura Healey incluyó una disposición en un proyecto de ley de presupuesto suplementario de 2.450 millones de dólares que otorgó al departamento de salud la autoridad para establecer sus propias recomendaciones y requisitos si el gobierno federal “no mantuvo un calendario robusto de recomendaciones de vacunas”.

El mes pasado, la Asociación para la Seguridad Dental (ADS, por sus siglas en inglés) lanzó un nuevo instituto para la seguridad odontológica, diseñado para retomar parte del trabajo realizado por la División de Salud Oral de los CDC, que fue eliminada en la primavera. El nuevo instituto se centra, principalmente, en actualizar las pautas de control de infecciones para consultorios dentales, que los CDC actualizaron por última vez en 2003.

“Sin duda, la ADS es la mejor opción para continuar con la supervisión de las pautas de prevención y control de infecciones dentales, asegurando que las recomendaciones sean actuales, científicamente sólidas, traducidas a términos sencillos y difundidas a quienes las necesitan a diario”, dijo en un comunicado de prensa Nicole Johnson, ex directora asociada de la División de Salud Oral de los CDC.

Buscadores de vacunas

Durante la pandemia de COVID-19, los CDC se asociaron con investigadores del Hospital Infantil de Boston y la Escuela de Medicina de Harvard en www.vaccines.gov. En el sitio web se informaba sobre las vacunas recién desarrolladas que se recomendaban para proteger contra el coronavirus y servía como un motor de búsqueda para ayudar a las personas a encontrar farmacias cercanas que tuvieran las vacunas en existencia.

Pero el sitio gradualmente dejó de proporcionar información sobre las inmunizaciones y por qué se recomendaban, y este año se convirtió en una versión simplificada que solo decía: “Encuentra una farmacia cerca de ti” y un cuadro para escribir el código postal. A finales de julio, cuando el contrato del gobierno con el Hospital Infantil de Boston terminó, el sitio dejó de funcionar por completo.

Investigadores del Hospital Infantil de Boston reiniciaron este mes una versión del sitio que existía antes de la pandemia, www.vaccinefinder.org.

“Estamos volviendo a lo que era”, dijo John Brownstein del Hospital Infantil de Boston, quien fundó el sitio. “Obviamente, un sitio (gubernamental) tiene más peso. Pero si eso no está disponible, estamos muy contentos de llevar la antorcha”.

El Sistema de Monitoreo de Evaluación de Riesgos del Embarazo (PRAMS, por sus siglas en inglés) de los CDC, que cada año encuestaba a mujeres en todo el país, perdió a todo su personal —unas 20 personas— en los despidos de este año. Era la compilación más completa de datos sobre comportamientos y resultados de salud antes, durante y después del parto. Los investigadores han utilizado sus datos para investigar el problema de mortalidad materna del país.

Algunos estados que tienen el dinero y la motivación podrían realizar encuestas similares solo dentro de sus fronteras. California realizó su propia encuesta, similar al PRAMS.

Pero “si los estados hacen solo lo suyo, entonces no tenemos datos nacionales comparables entre jurisdicciones y a lo largo del tiempo”, lo que significa que no es posible ver dónde son más graves los problemas y qué políticas para reducir las muertes maternas están funcionando, dijo Jamie Daw, investigador de políticas de salud de la Universidad de Columbia enfocado en el embarazo.

Kennedy despidió recientemente a unos 100 empleados de los CDC que proporcionaban capacitación, educación y asesoramiento a programas de prevención de la violencia estatales y locales, y evaluaban qué tan bien estaban funcionando.

”¿Cuál es el objetivo de conocer las tasas de violencia si no vas a hacer nada al respecto?”, dijo Sarah DeGue, una de las investigadoras de los CDC despedidas.

Pero los programas existentes aún necesitan orientación técnica y experiencia. En mayo, DeGue fundó Violence Prevention Solutions, una empresa de consultoría, para ayudar a las organizaciones comunitarias a desarrollar y evaluar programas.

“Tratamos de reconstruir lo que teníamos en otro lugar, de una manera diferente, para que todo el conocimiento, la experiencia y los recursos que teníamos puedan seguir estando disponibles”, señaló.

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