Expresidenta de Bolivia, a un paso de obtener la libertad por protestas que derrocaron a Evo Morales

LA PAZ (AP) — La expresidenta interina de Bolivia Jeanine Áñez estuvo cerca de lograr la libertad tras casi cinco años detenida por su papel en la crisis política que derivó en la renuncia de Evo Morales, después de que un tribunal ordinario declinó competencia y ordenó un juicio especial reservado a exmandatarios.

La decisión se adoptó cerca de la medianoche del viernes tras una larga audiencia virtual que Áñez, que presidió el país entre 2019 y 2020, siguió desde una cárcel en La Paz. Estuvo acusada de presunta sedición y conspiración, y por la muerte de manifestantes durante las protestas previas a unas polémicas elecciones que fueron calificadas de fraudulentas y en las que Morales buscaba la reelección.

La exmandataria tuvo siete procesos por la vía ordinaria y fue sentenciada a 10 años de cárcel por incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución. El proceso estuvo en “revisión” por parte de la Corte Suprema, para su posible anulación y la apertura de otro por la vía de un juicio de responsabilidades —reservado para exmandatarios por delitos en función del cargo—, explicó su abogado, Luis Guillén.

Una vez que el alto tribunal se pronuncie, Añez podría salir de la cárcel para ser juzgada en libertad siguiendo el mandato constitucional, agregó el letrado.

Horas antes, el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, fue excarcelado tras casi tres años en prisión preventiva por organizar las protestas contra Morales en 2019. Fue recibido por una multitud en la ciudad, que es un bastión de la oposición, en el este del país.

“Ha sido un honor estar preso por defender la democracia”, dijo ante la multitud. Al mismo tiempo, pero en la región sureña de Potosí, otro líder de las protestas, Marco Antonio Pumari, abandonó la cárcel tras casi cuatro años de detención preventiva.

El Tribunal Supremo de Justicia ordenó esta semana revocar el arresto preventivo de Áñez, Camacho y Pumari por haberse excedido el plazo de aplicación.

Los tres estuvieron acusados por las protestas de 2019, que dejaron al menos 37 muertos. Se declararon presos políticos y organizaciones como Amnistía Internacional y la Organización de Estados Americanos (OEA) dijeron que sus juicios tenían motivaciones políticas y que no habían respetado el debido proceso.

La fiscalía alegó que el mandato de Áñez fue “ilegal” y producto de un “golpe de Estado”. La oposición sostuvo que las protestas fueron una “rebelión contra el fraude”. Áñez seguirá en prisión hasta que el alto tribunal se pronuncie sobre la nulidad de su sentencia, dijo Guillén.

Las decisiones judiciales se produjeron tras las elecciones del 17 de agosto, que supusieron un giro político tras la derrota del izquierdista Movimiento al Socialismo (MAS) de Morales y Arce, que gobernó la nación andina durante casi 20 años.

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