El Parlamento de Nicaragua avanza en la eliminación de elecciones por mandato de Ortega

Legisladores de Nicaragua anunciaron su intención de llevar a cabo el plan del presidente Daniel Ortega para abolir las elecciones en el país, lo que generó nuevas críticas de la comunidad internacional. Este anuncio se formalizó el martes a través de un comunicado del Congreso, que está bajo el control de Ortega y su esposa, la copresidenta Rosario Murillo.

El Congreso indicó que esta reforma constitucional busca garantizar la paz, seguridad y estabilidad de la nación. Esta medida sigue al anuncio realizado por Ortega durante el fin de semana, donde afirmó que "aquí no volverá a haber elecciones", reflejando su intención de extender un gobierno que ya lleva casi 20 años y eliminar la posibilidad de que la oposición acceda al poder.

Desde que asumió el poder, el gobierno de Ortega ha implementado una fuerte represión contra la disidencia, especialmente después de la violenta represión de las protestas en 2018. Las autoridades han encarcelado a políticos opositores, líderes religiosos y han clausurado miles de organizaciones de la sociedad civil.

El Legislativo ha modificado la Constitución en múltiples ocasiones para centralizar el poder en manos de Ortega, erradicando cualquier vestigio de independencia democrática y oposición. Las declaraciones de Ortega durante un discurso con motivo del aniversario de la Revolución Sandinista cancelaron efectivamente las próximas elecciones, que estaban programadas para noviembre de 2027. Esto se da luego de que el Congreso, controlado por el gobierno, decidiera en enero de 2025 extender el mandato presidencial de cinco a seis años.

El alto comisionado de las Naciones Unidas para los derechos humanos, Volker Türk, condenó enérgicamente esta situación, afirmando que "todas las personas, de todas las posturas políticas, deben poder votar y postularse a cargos públicos". Türk añadió que estos eventos profundizan las restricciones a las libertades fundamentales y el desmantelamiento del espacio cívico.

El gobierno nicaragüense no ha hecho comentarios sobre las críticas internacionales. El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, también se pronunció sobre el tema, indicando que la decisión de Ortega y Murillo revela su "verdadera naturaleza autoritaria". Rubio instó a la comunidad internacional a unirse para demostrar que la dictadura no puede mantener relaciones normales con otros países mientras frustra los principios democráticos de la región.

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