Ecuador procesó a 13 personas por ataque a cuartel policial en protestas recientes

QUITO (AP) — Un juez dispuso el miércoles la prisión preventiva de 12 personas por su presunta participación en un violento ataque y destrucción de un cuartel policial en el marco de un paro de indígenas en contra del incremento del precio del diésel, que cumplió su tercer día.

A otra persona, el magistrado le prohibió salir del país y le ordenó presentarse periódicamente ante la justicia por el ataque ocurrido el lunes en el norte del país.

Las protestas se recrudecieron ese día en la nación andina con el llamado de la mayor organización indígena a efectuar un paro en rechazo a la disposición gubernamental de eliminar el subsidio estatal de 1.100 millones de dólares al diésel, lo que incrementó el valor del combustible de 1,80 a 2,80 dólares cada galón.

Días antes, transportistas bloquearon vías en algunas provincias, pero tras diálogos con autoridades desistieron de la medida.

La Fiscalía informó en un comunicado que los 13 procesados por presunto terrorismo irrumpieron en las instalaciones policiales de la ciudad de Otavalo, 59 kilómetros al norte de Quito, y habrían incendiado 10 vehículos y causado otros daños materiales. Este hecho, el más violento de las jornadas de protesta, se produjo cuando unas 1.000 personas atacaron ese cuartel policial, se informó oficialmente.

“Ecuador enfrenta actos de terrorismo disfrazados de protesta, no son reclamos sociales, son ataques calculados para sembrar miedo y desestabilizar todo el país”, dijo el presidente Daniel Noboa, quien llegó a Otavalo en medio de un fuerte contingente policial y militar. Ahí participó en un acto en el que ofreció bonos, créditos preferenciales y otros beneficios.

Los bloqueos de algunas carreteras y otras vías en la provincia de Imbabura, a la que pertenece Otavalo, continuaron durante la jornada. En esa ciudad las clases presenciales en colegios y escuelas se suspendieron.

El titular de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), Marlon Vargas, acusó a la fuerza pública de represión y de “vulnerar los derechos humanos, los derechos colectivos” y pidió a los organismos internacionales permanecer vigilantes. Previamente había justificado que el alza del combustible “golpea a los más pobres del país”.

Esa organización no ha reconocido haber estado involucrada en el ataque ni se ha referido al mismo.

La CONAIE protagonizó violentas movilizaciones en 2019 y 2022 en contra del incremento de los precios de los combustibles que llevaron a cabo los gobiernos de Lenín Moreno (2017-2021) y del exbanquero Guillermo Lasso (2021-2023), que dejaron a ambos presidentes al borde del derrocamiento.

Hasta el momento se han reportado 59 personas detenidas en el contexto de las protestas, según cifras oficiales. Entre ellas, seis son extranjeros, dijo el ministro del Interior, Jhon Reimberg.

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